El congresista Freddy Díaz Monago, acusado de abuso sexual en julio de este año y suspendido por un periodo de 120 días por parte del Pleno por “haber ingerido licor” en las instalaciones del Congreso, podrá retomar sus funciones a partir del 7 de enero del 2023, fecha en la que se cumplen los cuatro meses. El legislador será capaz de participar en los debates para las reformas constitucionales del adelanto de elecciones y todo tipo de gestiones congresales a partir de esa fecha.
Como se sabe, el pasado 7 de septiembre, el pleno del Congreso aprobó con 99 votos a favor el informe planteado por la Comisión de Ética unos días antes, en los que se recomendaba la suspensión de Díaz Monago por un periodo de 120 días por haber contravenido el Reglamento Interno del Legislativo al haber bebido licor dentro de las instalaciones del Palacio congresal.
Durante la sustentación de este informe, el mismo congresista confesó haber libado licor el 27 de julio junto a otros colegas de la que entonces era su bancada, Alianza para el Progreso, con motivo de la designación de Lady Camones como la nueva presidenta de la mesa directiva.
No obstante, esta medida punitiva por parte de Ética no estaría abarcando la denuncia más seria, que es la de violación, misma por la que Díaz Monago es ahora investigado por la Fiscalía de la Nación. La situación no impide que el legislador retome sus funciones habiendo terminado este periodo de cuatro meses.
Mientras tanto, desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el proceso rumbo a la inhabilitación de Díaz Monago para ejercer un cargo público por 10 años sigue avanzando.
El último 23 de diciembre, la SAC aprobó el informe final para la inhabilitación en el que se consigna que Freddy Díaz había incurrido en la infracción de cuatro artículos de la Constitución, en la que una de las resoluciones dicta: “Se ha demostrado que el congresista denunciado hizo mal uso de su poder como congresista y su investidura para sostener relaciones sexuales e ingerir licor con una trabajadora que está bajo su cargo, provocándole un daño psíquico a la misma empleando las instalaciones y recursos públicos que le asigna el Congreso donde se resuelve”.
Este informe, elaborado por el congresista Luis Aragón con un total de 19 votos de la Subcomisión, deberá ser presentado ante la Comisión Permanente, que verá su ratificar dicha decisión o descartarla; y, de ser aprobada, posteriormente llevarla ante el pleno del Congreso para su aprobación.