Cinco días antes de ser censurada, el 31 de agosto, Lady Camones lideró la séptima sesión de la Mesa Directiva 2022-2023, encuentro en el que se decidió dejar sin efecto el penúltimo acuerdo de la gestión de María del Carmen Alva, que beneficiaba a expresidentes del Congreso que regresaban a laborar en el Parlamento.
El acuerdo suscrito por la Mesa Directiva presidida por Alva Prieto establecía que los exjefes del Legislativo tengan un sueldo acorde al nivel remunerativo 11 del sistema parlamentario si eran convocados como personal de confianza, es decir, un monto mayor o igual a los 14.940 soles mensuales.
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El argumento para dar luz verde a dicha disposición fue la “expertiz invaluable en el trabajo del Parlamento nacional” que supuestamente ostentan los expresidentes del Congreso.
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“Resulta pertinente que su ingreso a laborar como personal de confianza de la Organización Parlamentaria se formalice en un nivel remunerativo acorde a dicha experiencia”, se lee en el dispositivo.}
Cuando fue emitido el acuerdo, especialistas consultados por La República advirtieron de un posible conflicto de intereses.
“Están mostrando que han entrado ahí solo para asegurar su estabilidad económica. Están demostrando que los que buscan entrar al Congreso y quienes han planteado este acuerdo lo están haciendo solo como un beneficio económico personal, y no están haciendo el servicio a la ciudadanía”, alertó la constitucionalista Ana María Vidal.
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En tanto, Heber Campos consideró que la resolución en cuestión favorecía a exparlamentarios, pese a que, “una vez culminados sus mandatos, se convierten en ciudadanos como cualquier otro”.
“Darles esta ventaja desde el Congreso no me parece apropiado. Entiendo que el fundamento ha sido su experiencia, su experticia, pero me parece que, más allá de eso, el mensaje que se transmite no es el mejor”, apuntó Campos.