Congreso: desbalance de poderes se mantiene en dictamen sobre la bicameralidad

Si bien la legisladora Patricia Juárez (Fuerza Popular) ya anunció el retiro de los titulares de los órganos electorales como sujetos de acusación constitucional, el dictamen sobre bicameralidad que elaboró mantiene artículos orientados a seguir afectando el equilibrio de poderes: el Parlamento se fortalece más, mientras que el Ejecutivo queda debilitado.

En paralelo, Juárez conserva otras reformas de fondo controversiales, como el retorno a la reelección inmediata de los congresistas y la posibilidad de incrementar el número de los eventuales diputados en cada proceso electoral, en concordancia con el crecimiento de la población electoral.

Sistema “parlamentario”

Uno de los cambios más nítidos que propone Juárez es la modificación del artículo 134 de la actual Constitución. Su objetivo es incrementar de dos a tres las denegatorias de la confianza a un gabinete para que el presidente recién con la tercera pueda proceder con la disolución del Congreso.

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Actualmente, basta dos denegatorias de confianza al gabinete para que el presidente Pedro Castillo cierre el Congreso. Es por eso que los legisladores han evitado censurar al premier Aníbal Torres, porque eso contabilizaría como una primera denegatoria. Una segunda y los legisladores se irían a sus casas. Por ello, no han querido gastar esta bala de plata.

En cambio, con la reforma de la bicameralidad, Juárez adicionalmente impulsa la reforma de incremento a tres denegatorias. Con esto solo gana y fortalece el Congreso.

Se trata de una propuesta que podría tener validez si el Parlamento optara por una reforma integral. Pero Patricia Juárez, desde la Comisión de Constitución, ha mantenido encarpetado el proyecto de Palacio que iba en esa línea.

El 19 de octubre del 2021, con Mirtha Vásquez como premier, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto 474. En este documento, se planteaba eliminar la confianza obligatoria, cuando asume un nuevo gabinete.

Asimismo, se propone establecer límites al uso de la cuestión de confianza, a fin de que el presidente no use esta herramienta para confrontar con el Congreso o generar crisis.

Adicionalmente, el proyecto contempla el reemplazo de la figura de la “incapacidad moral permanente” por “incapacidad mental” acreditada por una junta médica, para la declaratoria de la vacancia presidencial.

Pero esta propuesta ha sido enviada a la congeladora por Patricia Juárez en la Comisión de Constitución. La fujimorista nunca emitió un predictamen.

Más trampas

Otro artículo que debe llamar la atención es el 129. Actualmente la Constitución establece que los ministros pueden participar en las sesiones del Pleno con las mismas prerrogativas de los congresistas, salvo el voto.

Ahora el dictamen de Juárez plantea que dicha participación será “de acuerdo con lo que establecen los reglamentos respectivos”. Es decir, se deja abierta la posibilidad de generar límites.

Otro aspecto que reafirma el fortalecimiento del Parlamento está en el cambio del artículo 82. El grupo de Constitución propone manejar desde el Congreso la elección directa del contralor.

Actualmente la Constitución señala que el Ejecutivo propone el nombre y el Congreso lo elige. Con el cambio, todo quedaría en manos del Parlamento, tal como ocurre con la elección para el defensor o el Tribunal Constitucional.

En buena cuenta, el Congreso solo busca fortalecerse, manteniendo débil al Poder Ejecutivo, a propósito de las reformas que promueven 53 artículos de la Constitución para el retorno al sistema de la bicameralidad.

Reelección e incremento de parlamentarios

El dictamen de Juárez, que ha sido respaldado por varias bancadas, también incluye el retorno a la reelección inmediata. Esto, desde luego, podría beneficiar directamente a los actuales legisladores. Legisladores como Adriana Tudela (Avanza País) han insistido en que la reelección debería ser indefinida.

Adicionalmente, la reforma que intenta aprobar el Congreso deja abierta la posibilidad de incremento automático del número de legisladores (diputados), en función al crecimiento de la población electoral.