Vásquez sobre vacancia presidencial y cuestión de confianza: “Se debe mantener equilibrio de poderes”
La presidenta del Consejo de Ministros se presentó este martes ante la comisión de Constitución del Congreso a fin de exponer el proyecto de reforma constitucional del Ejecutivo.
Mirtha Vásquez, titular de la PCM, y Aníbal Torres, ministro de Justicia, se presentaron este martes ante la comisión de Constitución del Congreso con el propósito de sustentar el proyecto de reforma constitucional del Ejecutivo sobre la vacancia presidencial y la cuestión de confianza. Se trata del proyecto de ley 474/2021-PE, que busca fortalecer la gobernabilidad y confianza entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República.
Durante su intervención, la primera ministra reiteró que “la regulación de estas dos figuras contempladas en la Constitución Política generará condiciones para un adecuado equilibrio de poderes en el país”. Asimismo, dijo que “esta es una buena oportunidad para definir los poderes del Ejecutivo y el Legislativo sin perder la fiscalización que viene desarrollando el Congreso”.
En esa línea, la titular del Consejo de Ministros, agregó que existe un riesgo en el equilibrio de poderes por la utilización de la vacancia presidencial por incapacidad moral de forma recurrente.
PUEDES VER: Mirtha Vásquez sobre crisis en Ejecutivo: Vamos a comunicar decisiones en las próximas horas
Según señaló, “la vacancia por incapacidad moral es una reforma que se ha regulado debido a que termina siendo subjetiva, amplia y contraria al ejercicio del presidente, pues la utilización de manera recurrente altera el equilibrio de poderes”.
Congreso interfiere en el balance de poderes
El 19 de octubre pasado, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley de reforma constitucional para modificar los artículos 130, 132 y 133 de la Constitución Política del Perú, referidos a la cuestión de confianza y la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente.
Sin embargo, el Congreso ya había aprobado por insistencia una ley de desarrollo constitucional para regular la cuestión de confianza, la cual fue denunciada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC), organismo que tendrá que resolver el caso siguiendo el proceso correspondiente.
