Protestas: piden a EE.UU. que revise la venta de armas antimotines al Perú

Tras la publicación en La República de la venta de armas antimotines de empresas norteamericanas al Gobierno peruano, la asesora principal en WOLA (la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), Jo-Marie Burt, consideró que es urgente solicitar al Departamento de Estado y al Departamento de Comercio “que se investigue este tipo de ventas por parte de compañías privadas estadounidenses a las fuerzas de seguridad peruanas”.

Recordó que organizaciones internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han señalado que tanto la Policía Nacional como el Ejército habrían cometido graves violaciones de derechos humanos durante las protestas entre diciembre del 2022 y febrero del 2023, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y masacres.

“Ante la falta de investigaciones serias sobre estos hechos y sanciones, ¿qué garantías tenemos de que los efectivos de estas instituciones que han violado los derechos humanos no están actuando hoy en día en el marco de las protestas? Frente a esta situación, es urgente demandar al Gobierno de Estados Unidos revisar este tipo de venta privada de equipos antimotines”, manifestó.

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Por su parte, César Muñoz, investigador de Human Rights Watch encargado del Perú, sostuvo que la compra de armamentos letales y menos letales para operaciones “de apoyo a la Policía Nacional del Perú es preocupante, porque siguen impunes las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en respuesta a manifestaciones”.

Dijo que “es un error el creciente uso de las fuerzas armadas para funciones que no les son propias. Las fuerzas armadas no están preparadas para actuar en manifestaciones y en control de multitudes, y tampoco esa es su misión. Para eso está la policía”.

Todo un arsenal

La compra fue realizada por el Comando Conjunto de las FF.AA. con autorización del Ejecutivo en “apoyo a la Policía Nacional”. De esa forma se adquirieron 540 escopetas calibre 12, 540 pistolas calibre 9x19, 540 fusiles de asalto semiautomático M4 no letal, 540 lanzagranadas lacrimógenas y 2.700 unidades de balones de dióxido de carbono (CO2) de 88 gramos.

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La operación se ejecutó de forma directa, sin licitación, “bajo el supuesto de una situación de emergencia” y se hizo la compra a las empresas estadounidenses Lewis Defense y la israelí Emtan Karmiel.

Se debe precisar que el contrato más cuantioso fue adjudicado a la empresa norteamericana Sourcing Group Corp. el 6 de julio de este año por US$7,9 millones para la adquisición de 2.010 cascos tácticos de protección balística (US$1.145.700); 3.000 trajes antimotines (US$1.710.000); 3.000 mascarillas antigás con filtro (US$1.110.000) y escudos balísticos nivel IIIA (US$972.000), entre otros instrumentos.

Politóloga advierte que hay legislación al respecto

Jo-Marie Burt, profesora de Ciencia Política en George Mason University, manifestó que existe legislación (ley Leahy) que expresamente prohíbe al Gobierno de EE.UU. utilizar fondos para ayudar a fuerzas de seguridad extranjeras cuando exista información creíble de que hay violaciones de derechos humanos.

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“Y cuando se trata de la venta de armas, municiones y equipamiento antimotines por parte de compañías privadas estadounidenses, también existe legislación que regula ese procedimiento”, explicó.

Dijo que lo reportado por La República se llama “ventas comerciales directas”, y el Departamento de Estado o el Departamento de Comercio “expiden una licencia que normalmente tiene escasa supervisión”.