El gran despliegue policial el pasado 9 de febrero ante la denominada ‘Toma de Lima’ quizá es la mejor expresión del Gobierno de Dina Boluarte en el uso de la fuerza como respuesta a la protesta ciudadana. Escenarios como este abren el debate entre expertos acerca de si vivimos o no en un régimen cívico-militar.
Para la analista política Marylia Cruz, si bien se ha incrementado el poder de las fuerzas del orden, aún no estamos en un régimen cívico-militar, pero estamos a pasos de convertirnos en ello.
Las razones en las que se apoya Cruz son, para empezar, que no existen puentes de diálogo con representantes de la sociedad civil o de los manifestantes; también el que se haya declarado en estado de emergencia de manera reiterada en las regiones. Además, está el hecho de que, hasta ahora, no existen investigaciones sobre los delitos cometidos contra los manifestantes.
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Por su parte, el analista político Luis García Ayala (Pontificia Universidad Católica del Perú) indicó que no es tan fácil distinguir si existe ahora un régimen cívico-militar, pero le queda claro que la Policía y las Fuerzas Armadas tienen hoy un rol más autónomo y decisor que antes en la política peruana.
“Claramente, el rol de la Policía y las Fuerzas Armadas es más predominante del que tuvieron hace años en la política. Vemos ahora que la Policía interviene en la política de tal forma que está vulnerando la participación política de un sector importante de la población”, explicó.
García Ayala expuso su preocupación en torno a que este papel de las fuerzas del orden se agudice en el futuro en los próximos gobiernos.
Alertan. Existe un predominante rol de las fuerzas del orden. Foto: difusión
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“Lo que yo me temo es que la Policía y las Fuerzas Armadas, independientemente de quién esté en el gobierno, van a querer restringir y mirar con sospecha la participación política de un sector de la población”, comentó.
El analista agregó que estamos ante un gobierno híbrido, en el cual “la democracia todavía persiste de una manera mínima, elegimos personas, puede haber nuevas elecciones posiblemente, pero allí acaba. Los derechos civiles y ciudadanos que sustentan esa democracia se han visto vulnerados”, subrayó.
García acotó que hay lazos inusuales entre el Gobierno de Dina Boluarte con las Fuerzas Armadas y la Policía para sostenerse en el poder hasta el 2026.
“Veo más una complicidad. No es que la autoridad civil, Dina Boluarte, esté atada de manos y no pueda hacer rendir cuentas de los asesinatos que ha cometido la Policía. Lo que veo es que hay una complicidad por parte del Gobierno y la Policía para durar en el Gobierno”, sostuvo.
Para la analista política Yamilé Guibert, es complicado distinguir entre un gobierno híbrido y una democracia, en tanto existe una relación creciente entre el Ejecutivo y las fuerzas del orden.
“Estamos recorriendo esa delgada línea que separa un régimen híbrido versus una democracia”, dijo Guibert. Indicó además que para señalar que estamos ante un gobierno cívico-militar tendríamos que acceder a información sobre qué tanto esas fuerzas del orden están involucradas en la toma de decisiones del Gobierno.
Resguardo policial aumentó considerablemente en puntos estratégicos de foco de protestas. Foto Rodrigo Talavera/La República
“Todavía no sabemos exactamente cómo es que se está dando esta distribución del poder en la cúpula para poder saber si estamos ante una transición hacia un régimen cívico-militar”, indicó.
No obstante, Guibert consideró que “el ejercicio del poder se está dando de forma autoritaria”.
Yamilé Guibert, analista política
“Todavía no sabemos cómo se está dando esta distribución del poder para saber si estamos ante una transición hacia un régimen cívico-militar”.
Carlos García Ayala, analista político
“La democracia todavía persiste de una manera mínima (...) los derechos civiles que sustentan a esa democracia se han visto vulnerados”.
Marylia Cruz, analista política
“Creo que todavía no estamos en un régimen cívico-militar. Diría que estamos enrumbados a un gobierno cívico-militar”.