La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó, mediante una resolución emitida el último 6 de febrero, medidas cautelares de protección a favor de la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, y su núcleo familiar, tras considerar que "se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, teniendo en cuenta que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un grave riesgo en Perú".
La CIDH destacó el contexto actual por el que viene atravesando el país y en particular en las actividades que realiza la titular del Ministerio Público al considerar que sus acciones "son notorias, visibles y de alto interés público para diversos sectores de la sociedad".
"Se consideró que Liz Patricia Benavides Vargas y su núcleo familiar se encuentran en riesgo debido al actual contexto de crisis institucional y por las investigaciones que lleva a cabo como autoridad al frente de la Fiscalía General de la Nación", se lee en la resolución.
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Por otro lado, el órgano internacional dijo reconocer y valorar el equipo de personas que integran la seguridad de Patricia Benavides. No obstante, recalcó que, dada la situación planteada, se estima que esta "no sería suficiente, y su incremento habría sido denegado”.
Entre los argumentos presentados por Patricia Benavides se señalaron los pronunciamientos que daba el expresidente Pedro Castillo y el extitular de la PCM Aníbal Torres, en su contra y en contra de la Fiscalía “cuestionando el otorgamiento del presupuesto institucional”.
De igual manera, sustenta su solicitud por las investigaciones que vino tomando la Fiscalía contra Castillo Terrones y sus familiares. Además, denunció que habría “una campaña pública impulsada por sectores sociales y políticos que buscan desprestigiarla a través de desinformar sobre las decisiones de gestión de la fiscal”.
Por otro lado, Patricia Benavides cuenta que recibió un mensaje a su correo de un hombre identificado como la persona que está “incitando el desorden social en el país y acusa a la fiscal de causarle daño”. Seguidamente, señala que Pedro Castillo estaría “responsabilizando a la Fiscalía de lo que ocurre en el país solicitando nuevas elecciones y desconociendo a la nueva presidenta”.
Finalmente, al analizar las alegaciones de hecho y derecho de las partes, es que la Comisión solicitó al Perú que se adopten “las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas identificadas como beneficiarias” como el caso de Benavides Vargas.
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De igual manera, pide que se concierte las medidas a implementarse y, además, se informe sobre “las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución, y así evitar su repetición”.
“El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables”, precisa.