A 18 días de que el mandatario peruano, Pedro Castillo Terrones, invocara la Carta Democrática Interamericana por la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación en su contra, la Organización de los Estados Americanos (OEA) designó un grupo de alto nivel para reunirse con representantes de los tres poderes del Estado, órganos autónomos y la sociedad civil. El fin: dilucidar la situación política del país.
Dos antecedentes en la historia presidencial del Perú emergen de la memoria para valorar a la misión de la OEA en su justa medida.
En 2000, un grupo de diplomáticos vino al país para supervisar los comicios de la entonces alicaída dictadura fujimorista. Cuatro años pasaron para que, en el Gobierno de Alejandro Toledo, el organismo respaldase su gestión en un momento de tensión en el poder.
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Fuentes de Hildebrandt en sus Trece confirmaron que la estrategia del Ejecutivo de recurrir a la OEA fue ideada por Harold Forsyth, Manuel Rodríguez Cuadros y Oswaldo de Rivero. Por sus relaciones con el Gobierno de Estados Unidos, este último habría incidido para que la gestión de Joe Biden cubra los gastos de la misión de alto nivel de la OEA. Fueron 4 millones y medios de dólares de sustento.
Pese a que falta el nombramiento de los integrantes encargados de la logística y el equipo técnico —que serán elegidos por el secretario general, Luis Almagro—, el presidente del Consejo Permanente, Marten Schalkwijk, remitió un oficio a los países miembro de la OEA para confirmarles la conformación del grupo de alto nivel.
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La misiva precisa que el grupo seleccionado podría ampliarse. Las fechas de viaje y agenda serán definidas con el pasar de los días.
Luego de dialogar con diferentes estamentos de la sociedad, la misión presentará un informe de la convulsa situación peruana al Consejo Permanente. El semanario antes citado publicó que el estudio podría estar listo a fines del 2022.
Una vez derivado, las conversaciones continuarán en la medida que los poderes del Estado tengan la predisposición de consensuar acciones en beneficio de la democracia representativa. De no acatar las recomendaciones, la máxima penalidad es el retiro de representación en la OEA del Perú.
Consultado por esta redacción, el representante permanente de Perú ante la OEA, Harold Forsyth, aseveró que la venida de la misión del organismo “en ningún caso puede ser visto como un triunfo del Gobierno del Perú. Si hay un triunfador, es el país”.