Alberto Borea, abogado experto en derecho constitucional, responde sobre el debate del momento: la acusación constitucional presentada por la fiscal Patricia Benavides. Señala que ofrece elementos para una vacancia presidencial. Eso sí: sostiene que el paso siguiente no deberían ser nuevas elecciones. Cree que la vicepresidenta, Dina Boluarte, podría convertirse en una alternativa de solución.
—Fuera de los elementos de convicción que recoge la denuncia presentada por la fiscal Benavides, el debate tiene un fuerte tinte legal-constitucional. ¿Puede ser denunciado un presidente en ejercicio por supuestos no contemplados en el artículo 117 de la Constitución?
—Hay un tema fundamental: el sistema jurídico no ampara el abuso del derecho. Estamos en una situación en la que una persona que ocupa la presidencia ha llevado adelante hechos denunciados desde hace 12 meses y el ciudadano Castillo no ha transparentado ninguno de los actos que se le ha pedido. Además, las personas que están haciendo las denuncias las llevó él mismo. No puede separarse de la responsabilidad de haberlas nombrado y no se puede decir que son inventos de una oposición que quiere vacarlo. Sin duda, lo quieren vacar, eso es cierto…
—Desde antes que asuma.
—Desde antes que asuma. En la Unidad Democrática de Centro (partido fundado por el entrevistado) siempre planteamos su renuncia porque no tiene las condiciones para conducir el país. Y luego se pidió que el Parlamento declarase la incapacidad moral permanente, permanente porque no estamos frente a un caso, sino que su conducta ha sido la misma, usando además el poder del Estado para protegerse, como cuando cambia a cada rato los ministros.
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—¿Se puede denunciar constitucionalmente a un presidente por asuntos no incluidos en la Constitución?
—Lo que ocurre es que el derecho responde siempre a circunstancias que se tienen en cuenta o se pueden prever. Por eso se colocó la palabra “solo” (en el artículo 117). Pero esta situación, en la que un presidente desde su propia plataforma cometiese delitos comunes que no son motivo de interpretación, eso no se había planificado. Estamos frente a un contexto distinto que el derecho tiene que enfrentar. Y, efectivamente, en el artículo 117 está la palabra “solo”, que deja de lado cualquier otra interpretación.
—De acuerdo.
—Pero también existe el artículo 114, que habla de una incapacidad temporal, y acá sí cabe la interpretación.
—Hay un debate sobre qué se entiende por incapacidad temporal.
—Hay que tener cuidado porque cuando se abre el abanico para el futuro, estás diciendo que de aquí en adelante nos vamos a comportar de esta manera. La excepción no se puede convertir en regla porque desestabilizas al país. En este caso específico, la vacancia temporal tendría que estar muy bien trabajada mientras dura el proceso. Eso sí, con una mayoría algo calificada, no una mayoría simple.
—Si usted fuera congresista y miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales…
—Sería senador o diputado. Congresista no.
—Bueno, pero si le llegara la denuncia constitucional, y le preguntaran si procede o no, ¿qué respondería?
—Diría que aquí hay elementos más que suficientes para la vacancia. Yo votaría por eso. Es momento de decisiones.
—Una cosa es la denuncia y otra la vacancia.
—Pero la denuncia da elementos. Si alguien dijo que no tenía elementos para votar por una vacancia, lo que cuenta la fiscal sí los da ahora. Toda esta gente en el Congreso se tiene que poner el alma en el cuerpo. La denuncia pone en conocimiento una serie de hechos violatorios del sistema jurídico peruano. El Congreso tiene hoy día los ingredientes suficientes para llegar a la conclusión de la vacancia.
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—Si hubiese una vacancia, ¿apostaría por nuevas elecciones generales?
—Mire, yo creo que lo de Castillo es un caso muy grave. Yo no veo que haya esa gravedad en el caso de Dina Boluarte. Que haya hecho gestiones para el Club Apurímac… digamos, es un club departamental, no se estaba metiendo con el poder público. Sí, por cierto, es una falta. Sin embargo, en el derecho constitucional también existe una norma que se llama la proporcionalidad. Y en el caso de Dina Boluarte, podría ser una suerte de refresco para el Poder Ejecutivo. Entiendo, tiene mucho mejor criterio que Castillo.
—¿No suscribe entonces la idea de nuevas elecciones generales?
—Yo diría que hay que hacer la menor cantidad de baches. ¿Para qué dar tantos brincos? Hay que mantener, en lo posible, el suelo parejo para que no haya tanto salto en la sociedad. Este Congreso, supongo yo, habrá aprendido y podrían venir otras relaciones con el Ejecutivo. Y hay que tener en cuenta que el Congreso también tendría que tomar decisiones, porque se han descubierto en su interior una cantidad de actos…
—Reñidos con la ley.
—Han abusado de sus funciones, ¿no?
—Usted siempre ha sido crítico de la Constitución del 93. Hasta donde recuerdo, nunca le ha reconocido legitimidad de origen. ¿Es hora de cambiarla?
—En estas circunstancias de polarización es muy difícil hacer una Constitución. Por eso hemos señalado que tiene que haber un proceso de reflexión y revisarse todo el sistema constitucional porque el texto de 1993 se hizo para reforzar la figura del Ejecutivo, que era lo que le convenía a Fujimori: acabar con el Senado, deshacer el Poder Judicial, dejar prácticamente sin derechos a los trabajadores.
—Creo que por lo menos en lo que respecta a las relaciones entre poderes, esto ya no da para más, ¿qué piensa?
—Entre otras cosas, tenemos todo esto porque no se ha afianzado un sistema político. Lo que se planteó desde la comisión que nombró Vizcarra fue un desastre. El problema es que no puedes cambiar de caballo cuando estás cruzando el río y, en estos momentos, no vienes cruzando un río sino un mar muy proceloso. Entonces, serenémonos un poquito y entremos a lo que se llama un momento constituyente, en el que todos pensemos qué es bueno para el Perú, como pasó con la Constitución de 1979, que ha sido tomada como ejemplo de análisis favorable en muchos países.