Masacre de Putis: la matanza contra un pueblo que todavía sigue impune

Putis, provincia de Huanta, Ayacucho, es un pequeño pueblo, como varios de los que existen en las serranías del Perú, y donde a primera vista los cielos celestes parecen regentar un lugar apacible.

No obstante, el silencio de la localidad guarda el recuerdo de un hecho atroz, ocurrido hace casi 38 años: la masacre de Putis, la mayor matanza cometida por el Ejército en contra de un poblado civil durante el conflicto armado interno.

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Un total de 123 personas, entre las que se cuentan varios menores de edad, cayeron víctimas de la violencia por parte de los efectivos del orden. La mayoría de los que perecieron aquel día aún no han sido identificados a la fecha de hoy.

La justicia tarda y todavía no llega. Uno de los que fuera acusado de haber participado en la brutal masacre, el exgeneral Luis Grados Bailetti, ha sido recientemente designado por el Congreso para ocupar el cargo de jefe de la Oficina de Prevención y Seguridad.

Pero ¿qué sucedió exactamente en este comunidad ayacuchana y por qué dieron los hechos de esta manera?

Los antecedentes del terror

Para 1984, ya habían pasado cuatro años desde que el grupo terrorista Sendero Luminoso iniciara su actividad armada. Por aquel entonces, su presencia era particularmente fuerte en el oeste de la región Ayacucho, en las provincias de Huamanga, Huanta, La Mar, Cangallo y Víctor Fajardo, declaradas en emergencia por el Estado peruano en 1981.

El caserío de Putis, ubicado en una zona de alta actividad subversiva, ya había conocido la violencia de cerca antes del episodio de la masacre. En 1983, tanto Putis como otras comunidades cercanas sufrieron varios ataques por parte de los senderistas, quienes además obligaron a los pobladores a vivir en los cerros adyacentes a la localidad con el fin del aislarles del contacto con efectivos de las Fuerzas Armadas.

Según se detalló en el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), fue esta falta de contacto la que “determinó que los pobladores de Putis fueran vistos por los militares como colaboradores o integrantes del PCP-SL”.

Un día de diciembre

El aumento de las acciones de Sendero Luminoso en Huanta llevó a que en noviembre de 1984 se instalaran bases militares en distintos puntos de la provincia, entre ellos Putis.

Como parte de su estrategia, el Ejército convocó en un colegio del pueblo a los pobladores que huyeron a los cerros, a los cuales les prometieron protección y apoyo para el desarrollo de la comunidad.

El 13 de diciembre de 1984, se ordenó cavar un agujero a un grupo de los varones que acudieron al llamado de los representantes del Estado, que supuestamente servirían para una piscigranja para la cría de truchas.

La masacre

Todo era un engaño: luego de que finalizarán este excavación, los militares reunieron a los comuneros y los ejecutaron a todos con disparos. Un total de 123 personas, cuyos cuerpos fueron enterrados en ese agujero y otros ambientes del pueblo que pasaron a ser fosas comunes.

La excusa para dicho accionar de los militares era que, para los miembros del Ejército, estas personas eran sospechosas de simpatizar con Sendero Luminoso o tener filiaciones con el terrorismo.

Asimismo, la CVR señala que también había motivos económicos para el crimen, dada la perspectiva de obtener dividendos “producto de la venta del numeroso ganado de propiedad de los campesinos fallecidos”.

Descubrimiento e impunidad

Los hechos sucedidos en Putis permanecieron en secreto hasta el año 2001, cuando el periodista Edmundo Cruz, en un reportaje para La República, reveló la existencia de los nichos en donde se habían sepultado a los pobladores asesinados 17 años atrás.

Luego de este hallazgo, tanto el Ministerio Público como la Comisión de la Verdad y la Reconciliación realizaron sus respectivas investigaciones, tras lo cual se pudieron conocer los detalles de lo acontecido en Putis.

Sin embargo, si bien hubo avances en lo que respecta a la judicialización del caso y algunos acusados han sido llevados ante los tribunales, como el propio Luis Grados Bailetti, para quien la Fiscalía pide 25 años de cárcel por el delito de homicidio agravado, lo cierto es que aún no existe sentencia alguna para los responsables y el crimen, hasta nuestros días, se mantiene impune.