Medio año después, miles sin indemnizar y no hay culpables

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) anunció una multa de 5 millones de soles a la compañía Repsol por no haber identificado las zonas afectadas por el vertido de petróleo del 15 de enero. Medio año después de la peor catástrofe medioambiental en la costa peruana, está lejos de representar una verdadera acción de la justicia. Todavía nadie ha sido acusado y mucho menos condenado.

La investigación del fiscal especializado en medioambiente Ariel Tapia cifra sus esperanzas en identificar a los responsables del derrame de petróleo, en los resultados del peritaje que ha ordenado el sistema de distribución submarina de combustible (PLEM, por sus cifras en inglés).

La infraestructura fue enviada a un laboratorio en Argentina, porque en el Perú no hay especialistas en la materia. El procurador del ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, confirmó que el PLEM sigue en Argentina desde el 23 de mayo de este año, hace un mes y tres semanas.

Los resultados serán claves para el proceso penal y civil que se sigue contra funcionarios de Repsol y del Gobierno, y los responsables del buque Mare Doricum, encabezados por el capitán Giacomo Pisani. Repsol atribuyó a Pisani malas maniobras que derivaron en la ruptura del PLEM. Y Pisani informó a las autoridades peruanas que Repsol había actuado negligentemente.

Además de la multa de 5 millones, la OEFA mantiene abiertos otros 4 procesos por presuntas irregularidades cometidas por Repsol, y que implicarían más abultadas sanciones: por incumplimiento de la limpieza del suelo, de las Áreas Naturales Protegidas y de la zona marina de Ventanilla, y por presentar información falsa en el Reporte Preliminar de Emergencias Ambientales.

Sin embargo, la contaminación por petróleo no solo implica imposición de multas. También representa un impacto humano cuya atención, probablemente, es la más descuidada.

El viernes 8 de julio, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunció la culminación de la elaboración del padrón de afectados. El mismo día, Repsol informó que el Padrón Único de Afectados, elaborado por las municipalidades de las zonas afectadas y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), aumentó de 5.586 a 10.186 personas.

Sin embargo, ni la PCM ni Repsol mencionaron que hay más de 2 mil personas más que afirman no haber sido comprendidas en el padrón de víctimas, y por lo tanto no reciben ninguna forma de compensación.

La PCM sostiene que el padrón ya estaba completo, dejando entrever que no habría opción para incluir a más personas afectadas. “Se completó el Padrón Único de Afectados por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla”, señala el comunicado

“Faltan incluir a 1.800 comerciantes de Ancón que siguen sin ser considerados. Ahora se dice que no va a haber una tercera lista. Repsol nos ha dicho que ahora solo van a elegir ellos, ya no será por medio de las municipalidades”, declaró el abogado del gremio Defendiendo Ancón, Martín Rodríguez.

El representante de la Asociación Nacional de Pescadores de Ancón (Apesca), el abogado Raúl Llacua, indicó que aún queda un grupo de pescadores que no reciben ningún apoyo desde que ocurrió el desastre.

“Todavía hay 300 pescadores que no están incluidos. La municipalidad no informó que se estaba elaborando una segunda lista, todo se hizo de manera oculta”, señaló Llacua.

La Asociación de Pescadores, Fundadores, Armadores y Estibadores Artesanales de Ventanilla (Aspefaea) presentó, a fines de marzo, una demanda contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), bajo el argumento de que el Gobierno no cumple con su rol de velar por los derechos fundamentales de los afectados por el derrame.

El representante de Aspefaea, Miguel Núñez, señaló que gestionan la presencia del relator de la CIDH para que verifique que hay muchas víctimas del vertido de petróleo en Ventanilla que no han recibido atención. No solo se trata de dinero, si no también de vidas humanas.

Repsol: se limpiaron las playas y ayudó a 6 mil familias

Repsol asegura que a los 6 meses de la fuga de petróleo en Ventanilla, el 13 de abril, la empresa declaró “limpias las playas y lugares accesibles, para conformidad de las autoridades”.

También sostiene que “más de 6.000 familias han recibido adelanto de compensación y un tercer adelanto está en marcha”.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización del Ambiente (OEFA), en un comunicado del 29 de junio, discrepó con Repsol sobre la limpieza de las playas. E indicó que, de 16 medidas administrativas, Repsol incumplía 7.