Nuevo viceministro del Ministerio de Defensa fue acusado de participar en ejecuciones extrajudiciales
Leonel Cabrera Pino fue presentado como viceministro de Políticas para el Ministerio de Defensa. Antes se desempeñó como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) elaboró un informe sobre las ejecuciones extrajudiciales que realizaron las Fuerzas Armadas durante la estrategia contrasubversiva en la margen izquierda del río Huallaga entre los años 1989 y 1994.
En el informe se puede leer el nombre del ahora viceministro del Ministerio de Defensa Leonel Benigno Cabrera Pino. Él es sindicado como uno de los participantes en los crímenes cometidos por el personal armado.
Uno se registró en el caserío Bambú, que se ubica en el Bolsón Primavera (Ayacucho).
“De acuerdo al testigo no identificado, participaron en el operativo Cuchara miembros del Batallón de Comandos n.º 19 y de la División de Fuerzas Especiales (DIFE) del Ejército, entre los que se encontraban el teniente EP Víctor Ausúa Montalvo, el teniente EP Orlando Hermosa Ibáñez, teniente EP Luis Luque Solís Luis, teniente EP William Córdova Román, teniente EP Jorge Gonzáles Talledo, teniente EP Luis Marca Silva. Asimismo, habrían participado el jefe del Frente Huallaga, general de brigada EP Eduardo Bellido Mora y el jefe del Batallón contrasubversivo n.° 313, de Tingo María, y el teniente coronel EP Benigno Leonel Cabrera Pino”, se añade.
La información, indica, además, que el 29 y el 31 de marzo de 1994 también fueron asesinados varios pobladores del caserío de Cayumba Chico, distrito Dámaso Beraún, provincia Leoncio Prado (Huánuco).
“Las denuncias señalaban que, en dicha ocasión, una patrulla militar ejecutó extrajudicialmente a por los menos seis personas, cuyos cuerpos fueron posteriormente encontrados por una comisión de representantes de organismos de derechos humanos, congresistas y periodistas”, dice la página 699.
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Por otro lado, informan que, en el sector de Pozo Rico, el 19 de marzo de 1992, cerca de una treinta pobladores, “casi todos familiares”, decidieron huir del caserío conocido como Alto Cuchara por los constantes bombardeos y porque estaban seguros de que las patrullas del Ejército llegarían en cualquier momento a atacarlos.
“De acuerdo a las declaraciones obtenidas, los efectivos militares separaron a las mujeres y a los niños que no pudieron huir y los ejecutaron con disparos de arma de fuego, primero a los varones, luego a las mujeres y finalmente a los niños. Después de un mes, Benito Capcha, poblador de Pozo Rico, en una de sus chacras encontró 23 cadáveres, entre los que había una mujer embarazada, que estaban siendo devorados por animales de carroña”, reza la página 696 del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Lee el informe completo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
