En conversatorio convocado por la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) y al que asistió la relatora especial sobre Derechos de Pueblos Indígenas de la ONU Victoria Tauli-Corpuz, exigieron verdad, justicia y reparación.,Luisa Pinedo Rango, del pueblo shihuilo de Ucayali, y Dionicia Calderón Arellano, de Ayacucho, testimoniaron lo que hicieron con ellas en sus localidades cuando las esterilizaron de manera inconsulta e inhumana. “Tengo 54 años y fui operada a los 33 años. A esa edad tenía nueve hijos. En ese tiempo vivía en Nueva Yarina y me llevaron a un centro de salud que está en el distrito de Masisea. Me llevaron por insistencia. La primera vez fue una doctora a mi comunidad para informarnos sobre salud pero la segunda vez nos dijeron que teníamos que operarnos. Nos subieron a un bote y nos trasladaron hasta el centro de salud de Masisea. Ahí nos pusieron una bata y nos hicieron sentar, después vino un médico y nos puso anestesia. Desde ese momento yo no tengo buena salud. Siento mucho dolor en la parte donde me operaron y no puedo hacer esfuerzo. Pido que nos sigan apoyando para que nos hagan justicia”, dijo la mujer indígena de Ucayali a través de una intérprete. PUEDES VER Michel Temer se mantendrá como presidente tras absolución por parte de tribunal electoral brasileño Y la ayacuchana Dionicia Calderón Arellano, quien vino desde una comunidad del distrito Los Morochucos, relató que en esos años las operaron como a animales, hasta en el suelo donde tendieron colchones. Después de esta experiencia, ellas han vivido excluidas y rechazadas en sus propias comunidades por no tener hijos. Dionicia manifestó que fue doblemente afectada. Primero, fue víctima de la violencia política en los años 80 cuando los militares la detuvieron y su esposo fue desaparecido. "De ahí otra afectación me llega en el año 1996 cuando el señor Alberto Fujimori hizo que nos llevaran como a animales a los hospitales para que nos operen. Señora de Naciones Unidas, ayúdenos a exigir al presidente actual para que nos repare este daño. Señora congresista Tania Pariona, le pido que nos ayude porque necesitamos justicia. ¿Cuántas mujeres han muerto?, no se sabe, porque nunca denunciaron. En el hospital de Cangallo operaron a cantidad de mujeres, nos operaron en el piso tendiendo colchones en todos los rincones del hospital. Y después de la operación como a animales nos botaron. Nunca, nunca las mujeres quechuahablantes hemos sido consultadas ni hemos dado nuestro consentimiento, nunca nos preguntaron. Como no sabíamos leer ni escribir las enfermeras nos hacían firmar un papel. Eso para ellos es consentimiento”, reclamó. En el conversatorio también intervino la abogada de Demus, María Ysabel Cedano. Ella sostuvo que lo ocurrido en el Perú en los años 90 fue un crimen de lesa humanidad. Explicó que inicialmente se denunció el delito de genocidio pero no hubo la documentación probatoria necesaria y la causa fue archivada. Sin embargo, no descartó la posibilidad de presentar otra denuncia en razón a que hoy se cuenta con nuevas pruebas como las que encontró el diario la República en la amazonia y las que obtuvo la investigadora Alejandra Ballón. Insistió en la figura del genocidio "porque lo que se vulneró ha sido el consentimiento pleno, libre, informado y previo de las mujeres, en su mayoría indígenas amazónicas y andinas, en situación de pobreza, y además jóvenes". Como hecho emblemático refirió el caso de Mamérita Mestanza que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al no encontrar justicia en el país. Ella es una de las 18 mujeres que fallecieron a causa de la intervención quirúrgica forzada. En la instancia internacional el Estado suscribió un acuerdo de solución amistosa en el año 2003 y se comprometió a investigar y sancionar a los autores directos como el personal de salud, pero también a los responsables políticos. Asimismo, aceptó acoger las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para cambiar la normatividad de salud reproductiva y así evitar que se repitan estos hechos. A 14 años de suscribirse este acuerdo de solución amistosa no se cumple a cabalidad. Mamérita Mestanza aún no está inscrita en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas. Al fallecer dejó siete hijos y el más pequeño, Almanso, tenía tres meses de nacido. La reparación en Educación para este hijo que ya tiene 18 años tampoco puede ser concretada porque el Estado dice que las becas educativas se dan solo en función al mérito y si Almanso es buen estudiante tendrá acceso a dicha beca. “Esto no es así, reparar significa que el Estado tiene la obligación de restituir derechos, de compensar por daños causados. Es un tratamiento especial, diferenciado, porque el Estado es responsable de lo que pasó”, anotó Cedano.
