El domingo 5 de abril de 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori se dirigió al país en un mensaje televisivo, en vivo y en directo, para anunciar un golpe de Estado. Esa noche comenzó uno de los episodios más indignantes en la historia de la política nacional.
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Alberto Fujimori, y su asesor, Vladimiro Montesinos, dispusieron vulnerar la institucionalidad del país, acabar con la democracia y afectar la independencia de los Poderes del Estado.
El exdictador ordenó disolver el Congreso de la República, intervenir el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y destituir a los miembros del Tribunal Constitucional.
Las Fuerzas Armadas y Policiales salieron a las calles para impedir que los periodistas informen detalles sobre las medidas del régimen fujimorista. Los militares ocuparon los medios de comunicación y censuraron los contenidos. Por si fuera poco, algunos periodistas fueron secuestrados, como Gustavo Gorriti, quien representa el caso más dramático.
No. La excusa de Alberto Fujimori fue que las instituciones intervenidas, como el Congreso y el Poder Judicial, no permitían a su gobierno ejecutar las medidas necesarias en tiempos de crisis y terrorismo. Pero es falso.
Los argumentos que esgrimió el régimen fujimorista solo fueron pretextos para evitar investigaciones en el Legislativo sobre los crímenes en La Cantuta y Barrios Altos.
El Parlamento había delegado facultades al Ejecutivo para luchar contra el terrorismo e impulsar la economía, pero los problemas llegaron cuando observaron que el gobierno había incurrido en excesos y decidieron fiscalizar.
A estos temas se suma la denuncia de la entonces primera dama Susana Higuchi, sobre la apropiación de donaciones por parte de la familia Fujimori. El autogolpe evitó la fiscalización y dio inicio a la dictadura.
En 2007, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema determinó que el autogolpe de 1992 afectó la democracia del país. Quince años después, el Gabinete Ministerial que respaldó el golpe de Estado, fue sentenciado.
El Tribunal consideró que se trató de un delito que afectó la democracia y el Estado de Derecho. Asimismo, indicaron que se buscó reemplazar la Constitución de 1979 por una que favorezca los intereses de Fujimori.
Juan Briones, ministro del Interior del régimen, fue condenado a 10 años de cárcel. Otros como Jaime Yoshiyama, Carlos Boloña, Víctor Joy Way y Absalón Vásquez, recibieron cuatro años de prisión.
Alberto Fujimori fue acusado por la Fiscalía; sin embargo no podrá ser juzgado por este caso, pues no fue incluido como uno de los motivos de su extradición de Chile.