Posición. Abogada Gloria Cano cuestiona posible indulto a Alberto Fujimori. Ex procurador Luis Vargas Valdivia dice que el Perú se expondría a una condena de la CIDH si se le concede gracia presidencial a Fujimori. Rocío Maldonado. Durante la campaña presidencial, Keiko Fujimori no se cansó de repetir que de llegar a la presidencia no indultaría a su padre, y se mostraba confiada en que el ex mandatario obtendría su libertad por la vía judicial. Sin embargo, después del 5 de junio y tras la derrota electoral de Fuerza 2011, la gracia presidencial ha tomado fuerza como el camino más fácil para lograr la liberación de Alberto Fujimori. Las recientes declaraciones del abogado César Nakazaki, quien afirma que se dan todas las condiciones para solicitar el ‘indulto humanitario’ de su patrocinado; así como del presidente del Congreso, César Zumaeta, quien considera que el indulto es cuestión de semanas, parecen el presagio de una decisión presidencial. Frente a ello, la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) Gloria Cano y el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia coincidieron en señalar que el indulto, además de no proceder para delitos de lesa humanidad, no contribuiría a promover la reconciliación en el país, como sostienen algunos sectores. Fujimori no ha pedido perdón “Para reconciliar tendría que haber primero un pedido de perdón por parte de Alberto Fujimori, quien nunca ha reconocido su culpa, a tal punto que todavía hay víctimas de su gobierno que están en calidad de desaparecidos, como el periodista Pedro Yauri. A él (Fujimori) no le importa el dolor de los otros”, señaló Cano. Mencionó también que el ex presidente no ha pagado ni un centavo de la reparación civil que le impuso la justicia por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. En tanto, Vargas Valdivia sostuvo que la reconciliación no puede pasar por violar el ordenamiento legal y por exponer al Perú a una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “El Perú ha suscrito instrumentos internacionales que lo obligan a evitar la impunidad de sentenciados por delitos de lesa humanidad. Todo tiene un límite”, refirió. En ese sentido, el abogado consideró que Zumaeta y otros están aconsejando mal al presidente Alan García. No obstante, reconoció que al jefe del Estado no le alcanzaría ninguna responsabilidad en caso de violar la ley con un indulto a Fujimori, pues sería el ministro de Justicia quien respondería por la decisión presidencial. “Yo no encuentro satisfacción con el dolor ajeno, me conduele; pero también me conduele las víctimas. Quién ha tenido una palabra de consuelo para ellas”, dijo. Incoherencia en la defensa Vargas Valdivia advirtió también que existe una incoherencia en la defensa de Alberto Fujimori que presentó un recurso de hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional para que se declare la nulidad de la ejecutoria de la Corte Suprema, que se pronunció en definitiva por la condena de 25 años. “Si se pide un indulto, en buena cuenta se reconoce la validez de la sentencia. Quien pide un indulto es porque está cumpliendo una sentencia firme. Para nosotros siempre ha sido así, pero su defensa siempre cuestionó el fallo”, dijo el ex procurador, quien aclaró que a Fujimori tampoco le corresponde arresto domiciliario pues esta figura es solo para procesados. Cabe indicar que el Tribunal Constitucional no ha fijado fecha para ver en audiencia pública el recurso de hábeas corpus. Datos rechaza. El indulto al ex presidente Alberto Fujimori jamás ha sido parte de la agenda del gobierno ni se ha tocado en las sesiones del Consejo de Ministros, afirmó el canciller José Antonio García Belaunde. paradoja. Durante su gobierno, Fujimori promulgó la Ley N° 26478, la cual establece que el indulto está prohibido tramitarlo y concederlo en caso de secuestro agravado, uno de los delitos por los que fue sentenciado. Fujimori no paga reparación civil Por violaciones de los derechos humanos en los casos La Cantuta, Barrios Altos y secuestros en el sótano SIE, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión y al pago de reparación civil: 62 mil 400 a favor de Marcos Pablo Meza y Carmen Juana Mariños Figueroa, hermanos de los fallecidos Heráclides Pablo Meza y Juan Gabriel Muñoz Figueroa (caso La Cantuta). El ex dictador también debió abonar US$ 20 mil a favor de los herederos legales de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta , así como de los sobrevivientes de las matanzas mencionadas. En el caso del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, a quienes se secuestró, le ordenaron pagar la suma de S/. 46 mil 800 a cada uno. Hasta la fecha, Fujimori no ha cumplido con pagar ninguna de las reparaciones.
