El país conoce bien a la jueza Antonia Saquicuray, de actuación impecable hace un decenio, cuando el Congreso controlado por el fujimorismo cometió la infamia de dar una amnistía en favor de los asesinos del Grupo Colina. Esta valiente magistrada se negó a aceptar la afrenta hecha a la justicia y se enfrentó al Congreso genuflexo de la dictadura. Como resultado de su coraje, Antonia Saquicuray fue postergada por años, hasta el retorno de la democracia y su posterior nombramiento en el sistema anticorrupción. Pero esta jueza ejemplar parece destinada a chocar contra el poder político, pues su decisión de abrir proceso e investigar al congresista Jorge Mufarech ha escandalizado a los miembros del Legislativo, quienes se rasgan las vestiduras en nombre de la sacrosanta inmunidad parlamentaria. Según la Comisión Permanente, que se ha dirigido a la Corte Suprema, al proceder de este modo la magistrada atenta contra el reglamento del Congreso y contra el artículo 93 de la Constitución, que exige previamente autorización del Pleno. Sin embargo, la jueza Saquicuray argumenta no haber violado el fuero congresal, puesto que su investigación a Jorge Mufarech se origina en una solicitud de los legisladores, quienes remitieron a la Fiscalía y al PJ siete tomos conteniendo las diligencias de la Comisión que vio el caso Mufarech, con el pedido de que cumplieran con sus atribuciones. Aquí hay terreno para inferir que se trataba de un tácito levantamiento de fuero. Además, como bien señala Carlos Rivera (IDL), el hecho materia de investigación —la llamada de Mufarech a José Enrique Crousillat para prevenirlo indebidamente de una inspección laboral a Canal 4 — se produjo en 1999 cuando era ministro de Trabajo, por tanto su derecho a antejuicio ha prescrito, al haber transcurrido más de cinco años. Y se trata de un hecho acaecido antes de que fuera congresista. No existe retroactividad benigna que pueda aplicarse, puesto que no estamos en el terreno penal. Los congresistas alegan que esto es irrelevante, por cuanto la condición de parlamentario de Jorge Mufarech exige un pedido expreso de levantamiento de inmunidad para que sea procesado, y en este sentido se han dirigido al presidente de la Corte Suprema para que se guarde esta formalidad. Sin embargo surge la pregunta: si el Pleno del Congreso no aprobó el informe Carrasco Távara contra Jorge Mufarech, ¿autorizaría el juzgamiento por una materia que ya ha rechazado? Es posible que el Legislativo tenga formalmente razón al defender el fuero parlamentario. Pero, en los hechos, la ciudadanía queda otra vez con la desagradable impresión de que lo que está realmente en el fondo del asunto son privilegios inaceptables que convierten a los congresistas en intocables. La inmunidad se convierte en impunidad y permite que alguien tan cuestionado como Jorge Mufarech pueda burlarse de la justicia. El país conoce bien a la jueza Antonia Saquicuray, de actuación impecable hace un decenio, cuando el Congreso controlado por el fujimorismo cometió la infamia de dar una amnistía en favor de los asesinos del Grupo Colina. Esta valiente magistrada se negó a aceptar la afrenta hecha a la justicia y se enfrentó al Congreso genuflexo de la dictadura. Como resultado de su coraje, Antonia Saquicuray fue postergada por años, hasta el retorno de la democracia y su posterior nombramiento en el sistema anticorrupción. Pero esta jueza ejemplar parece destinada a chocar contra el poder político, pues su decisión de abrir proceso e investigar al congresista Jorge Mufarech ha escandalizado a los miembros del Legislativo, quienes se rasgan las vestiduras en nombre de la sacrosanta inmunidad parlamentaria. Según la Comisión Permanente, que se ha dirigido a la Corte Suprema, al proceder de este modo la magistrada atenta contra el reglamento del Congreso y contra el artículo 93 de la Constitución, que exige previamente autorización del Pleno. Sin embargo, la jueza Saquicuray argumenta no haber violado el fuero congresal, puesto que su investigación a Jorge Mufarech se origina en una solicitud de los legisladores, quienes remitieron a la Fiscalía y al PJ siete tomos conteniendo las diligencias de la Comisión que vio el caso Mufarech, con el pedido de que cumplieran con sus atribuciones. Aquí hay terreno para inferir que se trataba de un tácito levantamiento de fuero. Además, como bien señala Carlos Rivera (IDL), el hecho materia de investigación —la llamada de Mufarech a José Enrique Crousillat para prevenirlo indebidamente de una inspección laboral a Canal 4 — se produjo en 1999 cuando era ministro de Trabajo, por tanto su derecho a antejuicio ha prescrito, al haber transcurrido más de cinco años. Y se trata de un hecho acaecido antes de que fuera congresista. No existe retroactividad benigna que pueda aplicarse, puesto que no estamos en el terreno penal. Los congresistas alegan que esto es irrelevante, por cuanto la condición de parlamentario de Jorge Mufarech exige un pedido expreso de levantamiento de inmunidad para que sea procesado, y en este sentido se han dirigido al presidente de la Corte Suprema para que se guarde esta formalidad. Sin embargo surge la pregunta: si el Pleno del Congreso no aprobó el informe Carrasco Távara contra Jorge Mufarech, ¿autorizaría el juzgamiento por una materia que ya ha rechazado? Es posible que el Legislativo tenga formalmente razón al defender el fuero parlamentario. Pero, en los hechos, la ciudadanía queda otra vez con la desagradable impresión de que lo que está realmente en el fondo del asunto son privilegios inaceptables que convierten a los congresistas en intocables. La inmunidad se convierte en impunidad y permite que alguien tan cuestionado como Jorge Mufarech pueda burlarse de la justicia.
