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Política

Debate presidencial excluye protección ambiental y lucha contra la violencia de género

Grandes ausencias. El 31 de mayo no se abordarán temas prioritarios relacionados con el medio ambiente, la violencia de género, las personas con discapacidad y la corrupción.

Debate presidencial excluye protección ambiental y lucha contra la violencia de género
Debate presidencial excluye protección ambiental y lucha contra la violencia de género

En el debate técnico del 24 de mayo hubo una pregunta que no tuvo respuesta. ¿Qué metas ambientales concretas asumirían durante su gobierno? Los representantes en materia ambiental, Marco Antonio Vinelli y César Guarniz, de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, respectivamente, guardaron silencio. Ninguno tomó la palabra. Si es que había propuestas, estas no estaban claras en la interna de ambos partidos.

Una omisión similar podría repetirse en el debate presidencial de este domingo 31. Las propuestas en materia ambiental no fueron incluidas en la programación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Tampoco se tomaron en cuenta la violencia de género, la inclusión de personas con discapacidad, la corrupción y la defensa de los pueblos indígenas.

En su lugar, se abordarán: seguridad ciudadana; fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos; educación y salud; economía, empleo y reducción de la pobreza.

Medio ambiente y economías ilícitas

Para el especialista en derecho ambiental César Ipenza Peralta, no resulta sorpresiva la omisión del tema ambiental en el debate presidencial. “Hay una visión errada de muchos políticos que piensan que cuando hablamos de agenda ambiental se trata de cosas prescindibles o superfluas”, indica a este medio.

Además, resalta que un tema invisible en la agenda y el debate es la minería ilegal y las economías ilícitas asociadas.

“Convenientemente para ellos no resulta prioritario, sobre todo cuando se habla de actividades ilícitas. Podríamos pensar que hay una ignorancia del tema, pero es poco probable. Lo otro es que hay tantos intereses ahí que no buscan abordarlo”, dijo.

En el debate técnico, por ejemplo, Ipenza notó una “incapacidad de plantear acciones concretas en minería ilegal”, pese a que se trata de la mayor actividad delictiva en nuestro país y que moviliza grandes cantidades de dinero. “Más de 11 mil millones de dólares y está asociada a otras economías ilegales como la deforestación, tráfico de insumo, comercio de maquinaria, explosivos, pero lamentablemente es un trasversal ausente”, anotó.

Esa ausencia se da, explica, incluso cuando ciertos grupos de mineros informales y algunos operadores del Ministerio del Ambiente pretenden flexibilizar el marco jurídico actual, dando carta libre a las economías ilícitas.

Frente a ese escenario, comenta, “toca ejercer el control ciudadano y poner en evidencia los intereses particulares en materia ambiental”.

Corrupción

También considera que otra de las soluciones es fortalecer la lucha contra la corrupción en todos los sectores. Sin embargo, ese tema tampoco fue considerado en el debate de este domingo.

José Luis Gargurevich, director ejecutivo de Proética, supone que esta ausencia se debe a que el tema de la corrupción sí fue considerado en el debate de primera vuelta y en el debate técnico. Sin embargo, su abordaje en ambos escenarios no fue concreto.

“Deben haber pensado que con el abordaje del tema en el debate de la primera vuelta era suficiente, pero ni un tema que debería dejarse de lado en un debate político. Creo que es tan perjudicial que termina dando el mensaje a la población de que es un tema de menor urgencia”, manifiesta a este medio.

En el debate técnico, explica, el error fue asociar el tema con la reforma del Estado y, aun así, abordarlo con “mucha ligereza y generalidades”. “Si bien es indispensable reformar y modernizar el Estado para la Reforma Anticorrupción”, ese no es el único camino.

Paralelamente, “se necesita innovar soluciones, que pongan por delante respuestas ágiles a los servicios que recibe el ciudadano, porque ahí en esa última milla de los servicios es donde la corrupción duele, roba, excluye y mata”.

Siguiendo esa línea, Gargurevich añade que el “siguiente gobierno debería priorizar la meritocracia en los puestos más importantes que deben ser de concurso público en diferentes ministerios y organismos”.

Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, resaltó que la corrupción debe ser abordada en todos los niveles, tanto en la Policía como en la vida cotidiana (pequeña corrupción). “Es uno de los principales lubricantes de la criminalidad, permiten que se instaure con altos niveles de impunidad”, dijo.

“¿Por qué no se ha tocado en el debate? Porque los políticos son parte de este problemas. En el Congreso, por ejemplo, hay muchos casos de mocha sueldos y temas mayores de contrataciones. Al poder no le gusta que se investigue la corrupción”, agregó.

Violencia de género

Por otro lado, otra de las grandes ausencias en el debate es lo vinculado con la mujer y las poblaciones vulnerables.

Nelly Herrera Santos, abogada y directora ejecutiva del Centro Legal Comunitario María Trinidad Enríquez, considera que una de las razones es que ello es el “reflejo de la realidad” de un país donde no se toma como prioridad a la mujer, las disidencias y la población LGBTIQ+.

Además, supone que se ha evitado el abordaje de este tema para no entrar en la polarización. “Actualmente la sociedad civil está más organizada y alerta a los proyectos legislativos que atentan contra los derechos humanos, entonces, creo que se ha evitado generar polémica en ese sentido”, relató a este medio.

Resaltó que no se requieren más normas en este tema, sino que estas sean aplicadas. Sobre todo, señaló que la PNP no cuenta con las herramientas necesarias para investigar casos de violencia de género. “Les han dado facultades a ellos cuando un espacio de revictimización son las mismas comisarías donde una mujer va a denunciar violencia”, dijo.

En materia LGBTIQ+, Herrera Santos espera que la próxima conformación del Tribunal Constitucional pueda sentar precedentes en materia constitucional para que el Ejecutivo permita cambios en el Código Civil en ese sentido. “Lamentablemente, en Perú, la norma permite expresamente el matrimonio solo entre hombre y mujer”, precisó.

Personas con discapacidad

Andrea Burga, coordinadora de proyectos de la organización Sociedad y Discapacidad (Sodis), resalta que tampoco se ha considerado abordar las problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad en el debate presidencial.

En diálogo con este medio, señaló que, de hecho, esa ausencia no solo se observa en el debate, sino en toda la campaña electoral, y que, cuando se ha abordado, ha sido desde un enfoque erróneo.

“(La inclusión de personas con discapacidad) se sigue hablando más desde un enfoque asistencialista y genérico. Se le percibe como caridad y no como un derecho y servicio público”, mencionó.

En ese sentido, considera que el próximo gobierno debe priorizar una verdadera educación inclusiva y no solo limitarse a ordenar a los colegios de educación regular que admitan a personas con discapacidad. “Como no es un servicio especializado, las personas con discapacidad reciben una educación muy básica y, más adelante, cuando buscan trabajo no son aceptadas. No solo se enfrentan a los prejuicios, sino a una exclusión educativa”, dijo.

Añadió, además, que el transporte público excluye a las personas con discapacidad. “Para que ellas tengan una vida independiente son necesarias tecnologías de apoyo. Sillas de ruedas, dispositivos electrónicos y, también, una ciudad que facilite su traslado”, indicó.

Finalmente, dijo que, a la fecha, el proceso para acceder a un carné de Conadis es muy engorroso. “Piden un examen que certifique la discapacidad cuando no cualquier médico puede brindar ello. Es un proceso bastante tedioso que termina dejando a muchas personas sin poder acceder los beneficios que brinda el carnet”, lamentó.

Pueblos indígenas

En el Perú, el 16% de la población nacional habla 48 lenguas indígenas. Si bien el INEI aún no publica los resultados integrales del Censo Nacional de Población de 2025, los resultados del realizado en 2017 reportan que casi 6 millones de personas (5.972.603) se autoidentifican como pertenecientes a un pueblo indígena u originario, lo que representa algo más de un cuarto de la población total.

Ello, sumado a que en el país existen 55 pueblos indígenas, llama poderosamente la atención, pues el tema indígena no haya sido considerado en el debate de este domingo.


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