ONU rechaza represalias tomadas en contra de juez que denunció leyes procrimen ante la CIDH: "Afecta a todos los jueces del país”

Margaret Satterthwaite, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de los magistrados y abogados, y Gina Romero, relatora especial también de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, se pronunciaron sobre el juez Oswaldo Ordóñez Alcántara, quien fue removido por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) luego de que denunciara los efectos nocivos de las leyes procrimen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Las y los jueces deben poder, individual y colectivamente, participar en el debate público sobre la organización, el funcionamiento y la independencia del poder judicial, de conformidad con sus deberes de discreción y responsabilidad, sin temor a presiones, medidas disuasorias o procedimientos que puedan obstaculizar el ejercicio de sus funciones institucionales. Nos preocupa que la remoción del cargo del juez Ordóñez constituya represalia cuya magnitud afecta a todos y todas las juezas del país”, indicaron.

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Satterthwaite y Romero cuestionaron la evaluación a la que fue sometido el juez Ordóñez: “Este tipo de preguntas en un proceso de ratificación estándar es muy inusual y es inaceptable que haya resultado en una decisión de no ratificación y separación del cargo”, indicaron.

Para las expertas de la ONU, estos hechos pueden constituir un precedente peligroso para la independencia de los jueces en el Perú: “Nos preocupa que estas acciones puedan constituir un intento de castigar y silenciar al juez Ordóñez por ejercer sus derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y por defender la independencia del poder judicial en Perú. Las y los jueces no deben ser objeto de enjuiciamiento ni de sanciones administrativas, económicas o de otro tipo por ninguna acción realizada de conformidad con los deberes, normas y ética profesionales reconocidos”, apuntaron.

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JNJ toma represalias contra juez Ordóñez por denunciar leyes procrimen

La decisión de remover a Ordóñez de su cargo se sustentó en la ponencia presentada por el magistrado de la JNJ Cayo Galindo, la cual recibió el respaldo de Germán Serkovic y Víctor Chanduví. En tanto, Gino Ríos y María Teresa Cabrera apoyaron esa posición, aunque emitieron votos singulares. Por otro lado, Francisco Távara y Jaime de la Puente se opusieron a la no ratificación y destacaron el respeto que guardan hacia su colega Galindo.

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El informe de Galindo tomó como base la intervención de Ordóñez en una audiencia de la Comisión IDH realizada el 13 de noviembre de 2024, cuando ejercía como presidente de la Asociación Nacional de Magistrados. En ese espacio, el juez denunció que una mayoría parlamentaria, en coordinación con el Ejecutivo, venía debilitando el sistema de justicia mediante la aprobación de leyes que restringen la labor de jueces y fiscales frente al crimen organizado.

A raíz de estas declaraciones, la JNJ abrió un proceso de evaluación contra Ordóñez, pese a que la CIDH advirtió que ello podría constituir una represalia institucional contraria a los estándares del sistema interamericano.