Juez acusado de corrupción paraliza venta de Grupo El Comercio

El juez del Séptimo Juzgado Civil de la subespecialidad Comercial de Lima, Juan Gustavo Varillas Solano, dictó una medida cautelar de no innovar que suspende la venta del Grupo El Comercio a favor de los accionistas minoritarios Hernández López de Romaña Dalmau, Alois Miró Quesada Koechlin y Arthur Do Nascimento Silva, de acuerdo con la resolución judicial que trascendió a la prensa.

Al tratarse de una medida de no innovar fuera de proceso, el Grupo El Comercio no puede conocer los términos de la demanda hasta que concluya el proceso judicial. La medida cautelar tiene como objetivo que los tres accionistas mencionados inicien, en un plazo de diez días, un proceso de arbitraje contra Empresa Editora El Comercio, y que el tribunal arbitral se instale en un plazo de tres meses o 90 días.

Un aspecto que llama la atención de la Resolución Número Uno, con fecha 30 de junio de 2026 y emitida por el juez Varillas, es que se imponga una contracautela en la modalidad de carta fianza por 50.000 dólares para suspender una venta cercana a los 50 millones de dólares. Según las normas procesales, la contracautela o respaldo económico debería compensar el riesgo de la transacción comercial que se busca evitar; una desproporción que la Fiscalía y la Procuraduría del Estado ya han cuestionado en otros casos controvertidos vistos en dicho juzgado.

Los antecedentes del juez

Por otro lado, resultan escandalosos los antecedentes del juez Juan Gustavo Varillas Solano, quien acumula múltiples denuncias de ciudadanos y litigantes afectados, así como cuestionamientos de la Procuraduría del Estado, acusaciones de la Fiscalía y procesos en trámite en la Corte Superior de Lima y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. La Autoridad de Control del Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia y el propio Poder Judicial deberían tomar acciones para evaluar y neutralizar sus decisiones.

De acuerdo con reportes del Ministerio Público, Varillas registra ocho investigaciones penales en curso desde 2019 hasta la fecha, por delitos como prevaricato, abuso de autoridad, falsedad ideológica, uso de documento falso, fraude procesal, omisión de actos funcionales, cohecho activo transnacional (internacional), hurto agravado, lavado de activos (en la modalidad de conversión y transferencia) y cohecho activo.

De esos ocho casos, tres han pasado al Poder Judicial en calidad de imputado y se tramitan ante el Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema por delitos de cohecho pasivo impropio (soborno), lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia, tráfico de influencias y avocamiento ilegal a proceso en trámite. Son hechos por los cuales diversas fuentes muestran sorpresa de que Varillas Solano continúe en funciones.

El juez comercial también es mencionado en:

• La red Orellana: Vinculada al tráfico de arbitrajes y medidas cautelares, con pagos de hasta 30 mil dólares por resolución.
• Los Cuellos Blancos del Puerto: En un audio el prófugo exjuez César Hinostroza le solicita atender a un abogado amigo a cambio de apoyarlo en su ascenso.
• El caso Oncoserv: Sobre medidas cautelares de retención y pago anticipado que obligaron al Gobierno Regional de Arequipa a pagar más de 8,5 millones de dólares.
• Derechos de TV en la Liga 1: Dictó una medida cautelar a favor de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que suspendió los contratos de transmisión televisiva de varios clubes con el Consorcio Gol Perú.
• Peaje Chillón. Admitió la demanda de la asociación Casa Huerta El Paraíso - Puente Piedra para suspender el cobro de peaje por parte de la empresa Rutas de Lima

La Procuraduría General de la República también lo tiene fichado. Los procuradores han promovido una serie de denuncias penales y procesos administrativos disciplinarios en su contra. La institución lo acusó de emitir en 2019 medidas cautelares de no innovar a favor del contratista Consorcio Salud Tacna para impedir que el Gobierno Regional de Tacna resuelva el contrato y reclame el pago de las cartas fianza de una obra con un retraso del 79,89%, hasta que se resuelva un arbitraje.

Además, cuestionó que impusiera una contracautela de solo un millón de soles para una obra de 279 millones de soles.

Mientras tanto, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia guardan silencio y permiten que Varillas Solano siga operando en el séptimo Juzgado Civil-Comercial de la Corte Superior de Lima. Otros jueces, por solo cantar en un evento privado, han sido suspendidos en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, la Procuraduría cuestionó otras medidas cautelares emitidas sin el debido fundamento jurídico por el juez Varillas Solano, lo que evitó el cobro de cartas fianza en los casos del Hospital Huarmaca y Huancabamba (Piura), el Hospital Lorena (Cusco) y el Hospital de Chala (Arequipa) —este último con fondos comprometidos por 600 millones de soles—, a pesar de tratarse de obras paralizadas por más de 10 años.

Intocable

Pese a este amplio historial, a nivel disciplinario el juez Varillas Solano solo ha recibido una suspensión de 6 meses y dos multas del 12 % de su haber: una suma ínfima en comparación con los montos de las demandas en los procesos cuestionados, que superan miles de millones de soles tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

En los procesos judiciales en trámite, el 4 de febrero de 2019, el Segundo Juzgado Superior de Investigación Preparatoria —en una decisión confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema— le impuso, junto al destituido Salazar Laynes, un mandato de comparecencia restringida con el cumplimiento de tres reglas de conducta y el pago de una caución de 15 mil soles. Las reglas impuestas fueron:

1. La obligación de no ausentarse de su lugar de residencia sin autorización judicial previa.
2. La obligación de presentarse ante la autoridad cada 30 días.
3. La prohibición de acercarse al empresario Eddy Luis Manfreda Geraldino.

De las multas aplicadas, una fue por no haber atendido "diligentemente el juzgado a su cargo" y otra por una queja presentada por Repsol Exploración Perú tras haber aprobado "insólitos importes por costos procesales" durante un laudo arbitral entre dicha empresa y Helicopter Transport Services del Perú S.A.C.

En tanto, el 7 de marzo de 2024 fue suspendido por seis meses tras tramitar de forma "exprés" y "automática" una medida cautelar a favor del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, la cual suspendió los contratos de transmisión de la Liga 1 (2023) que los clubes Alianza Lima, Universitario de Deportes y Cienciano tenían firmados con el Consorcio Fútbol Peruano (GolPerú). Al concluir dicha suspensión, retornó al séptimo Juzgado Civil Subespecialidad de Derecho Comercial de Lima.

El arbitraje continúa en curso; sin embargo, con el paso del tiempo, los clubes de fútbol tuvieron que aceptar las condiciones de la FPF, que es el objetivo de fondo que persiguen este tipo de medidas cautelares de no innovar. El Poder Judicial debería evitar que una fianza de 50 mil dólares tenga el poder de frenar un acuerdo comercial de varios millones de dólares. La justicia no debe ser una lotería y con las cartas marcadas.

Listado de casos en el Ministerio Público

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