
La misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el Perú expresó su preocupación tras conocerse las investigaciones contra Piero Corvetto y otros tres funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Los representantes del organismo instaron a priorizar la continuidad del proceso electoral y a no alterar la voluntad del voto popular.
“La Misión observa con preocupación la mediatización de estos procesos e investigaciones y su posible uso como herramientas de polarización política. Es fundamental que se garantice el debido proceso a los funcionarios bajo investigación, asegurando que cualquier señalamiento se sustente en pruebas materiales y se resuelva en las instancias legales correspondientes, evitando juicios sumarios en la opinión pública o redes sociales”, indicaron en el comunicado.
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El organismo internacional consideró fundamental garantizar el debido proceso a los funcionarios investigados, “con prudencia y apego a la institucionalidad”. Además, se refirieron a la decisión del JNE de no realizar elecciones complementarias, resaltando que se está garantizando la integridad del proceso en curso y la voluntad expresada en las urnas.
Asimismo, anunciaron que regresarán al país para observar el desarrollo de la segunda vuelta electoral. La misión precisó que contará con un equipo de más de 90 observadores y especialistas desplegados en todo el territorio nacional.
En otra parte del comunicado, informaron que dieron seguimiento al desarrollo en las oficinas descentralizadas de la ONPE y de los Jurados Electoral Especiales, en lo que respecta al repliegue del material electoral, cómputo de actas y audiencias públicas de recuento de votos.
Comunicado de la OEA | Foto: OEA.
La Fiscalía Anticorrupción, liderada por el fiscal Raúl Martínez, junto con agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, ingresó a la vivienda del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien es investigado por las irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril.
La intervención se realizó luego de que el Ministerio Público solicitara órdenes de allanamiento y detención preliminar en el marco de las investigaciones por las fallas logísticas que complicaron el desarrollo de las elecciones y obligaron a reprogramar la votación en diversos locales de Lima.
El juez Manuel Chuyo Zavaleta decidió no aprobar la detención preliminar del exjefe de la ONPE ni de los demás implicados, al considerar que no se acreditó la existencia de un riesgo procesal con elementos suficientes.
En ese sentido, determinó que los allanamientos constituían medidas adecuadas y suficientes para la recolección de las pruebas necesarias.





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