Congresista Aguayo tiene “albergue” en el que perpetúa el abuso contra niñas al no considerarlas víctimas

La congresista Milagros Aguayo enfrenta cuestionamientos tras revelar que dirige un albergue vinculado a la iglesia evangélica Casa del Padre, donde —según sus propias palabras— niñas víctimas de violación continúan con la gestación. La polémica surgió luego de que afirmara que en esos casos “la única víctima es el bebé”, frase que activó críticas por excluir a las menores como agraviadas de un delito.

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El refugio, denominado “La Casa del Padre”, forma parte de un proyecto religioso fundado por los esposos María Jáuregui y Guillermo Aguayo. De acuerdo con lo que ha señalado la propia parlamentaria, el lugar recibe a niñas de 10, 11, 12 y 13 años que quedaron embarazadas producto de violaciones. También indicó que algunas llegan derivadas por el Ministerio de la Mujer y juzgados de familia.

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En declaraciones públicas, Milagros Aguayo, quien busca reelegirse al Senado con el número 2 por Renovación Popular, sostuvo que ninguna de las menores “se ha arrepentido de dar a luz” y que en el centro se les enseña a “amar el fruto de su vientre”. Añadió que no pueden ver al niño “como una maldición”, aun cuando ese embarazo sea consecuencia directa de una agresión sexual. Sus palabras generaron indignación en redes sociales y entre colectivos de defensa de derechos humanos.

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Aguayo defiende el albergue y asegura supervisión permanente del Estado

En un comunicado público, la congresista Milagros Aguayo rechazó las críticas contra el albergue Casa del Padre y afirmó que existe “mala información difundida por algunos sectores” sobre su funcionamiento. La parlamentaria sostuvo que el refugio atiende a “adolescentes embarazadas, ultrajadas y mamás con sus bebés, en extrema pobreza”, y que su labor no reemplaza al Estado, sino que actúa como apoyo complementario.

Según el pronunciamiento, el refugio cumple un rol social sin invadir competencias públicas. “Son atendidas en un claro espíritu de apoyo complementario al Estado, sin sustituir ni interferir en las competencias que la ley le asigna”, señaló Milagros Aguayo en el documento difundido el 5 de febrero de 2026. Con ello, buscó responder a los cuestionamientos sobre una posible actuación paralela a los servicios estatales.

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La congresista también aseguró que el albergue opera bajo control institucional. “El trabajo que se realiza en dicho albergue se desarrolla bajo la supervisión permanente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), cumpliendo con la normativa vigente y los estándares exigidos”, indicó. Esta afirmación contrasta con las críticas que piden mayor transparencia sobre los mecanismos de fiscalización.

En el comunicado, Milagros Aguayo calificó a la Casa del Padre como “un albergue modelo” y afirmó que ha recibido visitas oficiales. “Ha sido visitado en diversas oportunidades por Ministras de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quienes han podido constatar directamente la calidad, idoneidad, pertinencia y excelencia de los servicios”, sostuvo. Finalmente, reiteró su “compromiso con la defensa de la vida” y rechazó cualquier intento de desacreditar una labor que, según afirma, es reconocida y fiscalizada por el propio Estado.

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Exministra Anahí Durand: “Hay una politización del dolor de estas niñas”

En conversación con La República, la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnreables, Anahí Durand, cuestionó duramente el rol de Milagros Aguayo y señaló que existe una “politización del dolor” de niñas víctimas de abuso sexual. “Están haciendo política con esta situación y están incrementando supuestamente un capital político a costa de mantener en la postergación a mujeres de bajos recursos”, afirmó. Según sostuvo, la mayoría de menores que llegan a estos espacios provienen de contextos de pobreza y han atravesado experiencias traumáticas.

Durand acusó a la congresista de presentar la maternidad forzada como algo positivo. “La señora está haciendo política y está haciendo ideología también”, indicó. Agregó que desde el albergue Casa del Padre y sus redes sociales se expone el caso de las niñas “como algo positivo” y útil para su posicionamiento público. “Lo último que le importa es el dolor de las niñas”, expresó.

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La exministra también denunció un presunto beneficio económico. “Esta señora también lucra de esta situación. ¿Por qué? Porque el Estado peruano contrata a su albergue”, declaró. Explicó que el Ministerio de la Mujer terceriza servicios debido a la falta de recursos para administrar refugios propios. “¿Y a quién le terceriza? A instituciones como los de esta señora Aguayo”, sostuvo, y añadió que la parlamentaria solicitó reuniones para “renovar y ampliar toda su red de albergues” durante la gestión de Anahí Durand frente al ministerio.

Durand consideró que esta relación contractual resulta “bastante nociva”. Según dijo, mientras se oponen a políticas de educación sexual, planificación familiar o aborto terapéutico, promueven centros para niñas gestantes. “¿Y qué quieren? Albergues para niñas violadas para así aumentar su capital político y asegurarse recursos del Estado”, cuestionó. Para ella, el debate debe centrarse en fortalecer servicios públicos y no en delegarlos a organizaciones vinculadas a figuras políticas.

Advirtió sobre una posible re-victimización. “Esta utilización tan baja de una situación tan traumática para una niña como haber sido violada y además ser madre”, señaló. También cuestionó la falta de fiscalización adecuada. “No hay una política adecuada de fiscalización a estos albergues”, afirmó, y remarcó que el Estado debería garantizar el interés superior de la menor antes que permitir que estos casos se conviertan en plataforma política o en un “negocio” sostenido con recursos públicos.

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Emilia Salazar, socióloga de Demus: “Forzar a gestar no es proteger, es tortura”

Emilia Salazar, socióloga de Demus, sostuvo que lo expuesto por Milagros Aguayo constituye una admisión pública de una práctica grave. “En realidad lo que la congresista está haciendo es aceptando públicamente que está forzando a gestar a adolescentes, a niñas, y ese acto implica tortura”, afirmó. Remarcó que “forzar a gestar no es proteger, es tortura”, y señaló que presentar estos casos como ejemplos positivos encubre una situación de violencia estructural contra menores que ya fueron víctimas de abuso sexual.

Salazar también cuestionó las imágenes difundidas desde el entorno del albergue Casa del Padre, donde se observa a niñas y adolescentes con sus bebés frente a un público. “Se ven a las niñas cargando a sus bebés adelante de un público y presentándolas como si fueran supuestos casos de éxito, pero en realidad no tienen nada de éxito”, declaró. Añadió que en las fotografías “se ve que algunas están muy incómodas, tratando de esconderse”, lo que, a su juicio, evidencia re-victimización y exposición innecesaria.

Para la especialista, el problema se agrava en un contexto de retrocesos en derechos sexuales y reproductivos. “Cuando se niega la Educación Sexual Integral y también se niega el acceso al aborto terapéutico, estos finalmente son los resultados”, advirtió. Consideró que el embarazo infantil constituye una forma de violencia. “El embarazo infantil es tortura, obligar a parir es tortura y más si son actos de violencia sexual”, subrayó, y expresó que espera que las investigaciones fiscales avancen para esclarecer lo ocurrido.