Masacre de Cayara: Jueces rechazan aplicar ley de prescripción de delitos de lesa humanidad

Los magistrados de la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria declararon infundados los recursos presentados por oficiales del Ejército por la masacre de más de 30 comuneros de Cayara (Ayacucho) el 14 de mayo de 1988, solicitando que se les aplique la ley que limita el delito de lesa humanidad a partir de julio del 2001, pese a que ello iría contra los convenios internacionales de derechos humanos suscritos por el Perú.

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Los jueces Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata no se dejaron intimidar por las presiones de los congresistas fujimoristas Fernando Rospigliosi y Martha Moyano, ni José Cueto, de Honor y Democracia, que asistieron a las últimas audiencias con la clara intención de presionarlos, pues en sus redes sociales y en declaraciones públicas han conminado a los jueces a aplicar la ley N°32419 y archivar el proceso.

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Con esta decisión, los magistrados desestimaron el pedido de las defensas de los oficiales del Ejército en retiro Alejandro Avendaño Dávila (jefe de patrulla), Gino Espejo Lamas y otros seis acusados, de acogerse a la norma que exonera a militares, policías y miembros de los Comités de Autodefensa procesados por crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000.

Ellos ejecutaron el "Plan Persecución", ordenado por el entonces jefe político militar de Ayacucho, general Juan Valdivia Dueñas, en respuesta a un atentado terrorista cometido el 13 de mayo en Erusco en el que perdieron la vida cuatro miembros del Ejército y quedaron heridos 15. En el marco de este operativo, las patrullas detuvieron, torturaron y ejecutaron a pobladores que encontraron en comunidades cercanas.

Rospigliosi va contra jueces

Ni bien se conoció la decisión de los magistrados de declarar infundado el pedido para archivar el proceso, el congresista Rosplgliosi arremetió contra ellos, acusándolos de "politizados y prevaricadores", afirmando que han desacatado al Tribunal Constitucional y advirtiendo que no solo deben reformar el sistema judicial, sino que deben "barrerlo".

"Jueces politizados y prevaricadores de la 3ª. Sala Penal, (Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata) se han negado a aplicar la ley 32107 de lesa humanidad, norma vigente y declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, en el caso Cayara (1988). Están procesando ilegalmente después de 38 años, a militares que están encarcelados, a los que derrotaron al terrorismo. Hacen lo que les da la gana, no aplican las leyes vigentes cuando se trata de perseguir a policías y militares. No se trata solo de reformar el sistema judicial, hay que BARRERLO. ¡Soluciones radicales!", escribió.