
La Fiscalía, en coordinación con la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP), realiza desde la madrugada de este lunes 15 de diciembre un allanamiento a la vivienda del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, como parte de un megaoperativo en el marco de las investigaciones del caso 'Los Socios del Callao'. Las diligencias fiscales también alcanzan a otros 26 inmuebles vinculados a funcionarios y contratistas del Gore del Callao.
Las diligencias fiscales también estuvo acompañada por los agentes de los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECCO). De acuerdo con el director contra la Corrupción de la PNP, Luis Lira, se han detenido a 8 funcionarios públicos investigados. El operativo también se realizó en las oficinas de logística y almacén del Gore del Callao, lugares donde se encontraron elementos de convicción para las investigaciones.
Además, se ordenó el levantamiento del secreto de las comunicaciones para obtener la mayor cantidad posible de pruebas de connotación penal que aporten a la investigación. Esto incluye laptops, USB, celulares, computadoras y las conversaciones de los involucrados en WhatsApp, correo electrónico, Telegram, Viber, Messenger, Instagram, Facebook, entre otras redes sociales.
Al momento del allanamiento, Castillo no se encontraba en su vivienda en La Punta. Sobre él pesa una orden de detención preliminar por 15 días. "Ya no se le ha visto al señor, no lo hemos visto desde que salió la resolución (del allanamiento)", detalló Lira.
De las 11 órdenes de detención preliminar emitidas, 5 personas fueron ubicadas y 3 están fuera del país.
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De acuerdo con la tesis fiscal, esta supuesta organización criminal, que habría sido dirigida por Castillo Rojo, direccionó contrataciones en el Gobierno Regional del Callao y en el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed) por un monto de S/ 1.461.121,10.
El Ministerio Público sostiene que funcionarios y servidores del Gore habrían aprovechado sus cargos para otorgar contrataciones por montos menores o iguales a 8 UIT a 2 proveedores, con la finalidad de evadir los procesos de selección establecidos por ley. Incluso, cuando se hacían licitaciones por otros rubros, las empresas cambiaban sus actividades en Sunat para poder obtener los contratos.
Estas contrataciones, presuntamente irregulares, se habrían iniciado durante la gestión de Castillo —desde enero de 2023 hasta febrero de 2024— y alcanzarían un total de 63 adjudicaciones.
Como resultado de estas presuntas coordinaciones ilícitas, detalló la Fiscalía, se habrían emitido 34 órdenes de compra y tres órdenes de servicio a favor de un proveedor por un monto total de S/ 874.575. Además, figuran otras 16 órdenes de compra y tres de servicio a favor de otro proveedor, por un monto de S/ 518.525.
De igual manera, en el Cafed Callao se habrían direccionado, presuntamente, cuatro órdenes de compra por S/ 44.196,10 y tres órdenes de compra adicionales por S/ 23.825, bajo el mismo modus operandi.
Durante el allanamiento a los 27 inmuebles, la Fiscalía y la PNP detuvieron preliminarmente a cuatro investigados: Luis Blanco Cabrera, presunto proveedor del Gobierno Regional del Callao; César Arango Huaringa, encargado de almacén de la institución; Daniel Villalobos Sampén, especialista del Gore Callao; Wilmer Meza Natividad, coordinador de contrataciones; y Roberto Rosales Carazas.
Además de Castillo, el Poder Judicial dispuso la detención preliminar por 15 días de Jimmy Whu Cárdenas, asesor FAG, y de Hiromi Zúñiga Jáuregui, jefa de la Oficina de Logística del Gore Callao, quienes habrían coordinado con personal de la institución para favorecer a proveedores específicos mediante la emisión de órdenes de compra y de servicio. La medida también alcanza a Marco Rojas Gálvez, Rafael Moscaisa Gutiérrez y Carmen Blanco Rivera.
Humberto Abanto, abogado de Ciro Castillo, indicó que no fue notificado sobre la existencia de la carpeta fiscal y que tampoco se les pidió los descargos del caso. Asimismo, Abanto adelantó que presentarán un recurso de apelación para anular el allanamiento realizado.
En tanto, el letrado indicó que la diligencia fiscal en la casa de su patrocinado fue "declarada infructuosa", debido a que no se encontraron evidencias que aporten a la investigación. Sin embargo, evitó declarar sobre el paradero del gobernador regional. "No voy a responder ese tipo de preguntas", dijo.

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