Proética 2025: Congreso es considerado como la institución más corrupta del Perú por 85% de la población

La encuesta nacional de Proética 2025 revela que el Congreso es visto como la institución más corrupta del país por el 85% de la población. El estudio, aplicado en zonas urbanas, muestra además que esta percepción ha crecido un 25% desde 2022 y sitúa al Parlamento en un punto crítico.

El informe también identifica un agravamiento de la desconfianza hacia las principales entidades del Estado. La ciudadanía evalúa con fuerte desaprobación a la PNP, al Ministerio Público y al gobierno de Dina Boluarte, consolidando un escenario de rechazo que cruza todas las regiones y niveles socioeconómicos. Este clima contribuye al pesimismo colectivo y alimenta la impresión de que la corrupción seguirá aumentando en los próximos años.

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Para la mayoría de peruanos, el problema ya no es abstracto: afecta la economía familiar, limita el acceso a servicios esenciales y profundiza la crisis institucional. Las conclusiones de Proética apuntan a un país donde las instituciones pierden legitimidad, mientras la ciudadanía asume que el deterioro será difícil de revertir.

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El estudio también profundiza en experiencias cotidianas como las coimas, el uso de contactos, la corrupción sexual y el avance de economías ilícitas. Estos factores forman un cuadro amplio de cómo la corrupción impacta la vida diaria y condiciona el escenario electoral rumbo a los comicios de 2026.

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Gobierno de Dina Boluarte es catalogado como el más corrupto de los últimos 10 años

La encuesta muestra un consenso casi unánime: la corrupción ha aumentado en los últimos años y seguirá en esa tendencia. Ocho de cada diez ciudadanos creen que la situación empeorará o se mantendrá igual, reflejo de un pesimismo que se arraiga en todas las regiones del país. Este panorama afecta la estabilidad política y alimenta la idea de que el Estado carece de capacidad para frenar la crisis.

El gobierno de Dina Boluarte concentra un nivel de desaprobación sin precedentes. El 72% de los encuestados afirma que su administración es la más corrupta de los últimos diez años, superando ampliamente a gestiones pasadas involucradas en investigaciones fiscales. Esta percepción es más fuerte fuera de Lima, donde la población siente mayor distancia con el poder central.

La desconfianza también se traduce en la expectativa ciudadana sobre el futuro inmediato. La mayoría sostiene que la corrupción seguirá afectando su vida diaria, desde el acceso a servicios públicos hasta la pérdida de oportunidades laborales. Con este escenario, la crisis institucional se instala como un problema estructural que condiciona la gobernabilidad del país.

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Ministerio Público, Poder Judicial y PNP también son percibidas como corruptas por la población

La encuesta de Proética confirma que el Congreso concentra el mayor rechazo ciudadano, seguido por el Ministerio Público, el Poder Judicial y la PNP. Estas entidades, claves en la lucha contra la corrupción, aparecen entre las peor evaluadas por su falta de resultados y su incapacidad para frenar abusos, sobornos o redes delictivas internas.

Los encuestados también consideran que las entidades que deberían encabezar la lucha anticorrupción son, paradójicamente, las mismas que identifican como las más corruptas. El Parlamento, la Policía y el Ejecutivo aparecen como los principales responsables de liderar reformas, pese a tener los índices de credibilidad más bajos. Esto evidencia una contradicción profunda entre las expectativas ciudadanas y la realidad institucional.

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87% de la población culpa a la corrupción por baja de calidad de vida

El 87% de los ciudadanos afirma que afecta su vida diaria, especialmente en la economía familiar y el acceso a servicios públicos. La sensación de perjuicio es más fuerte entre mujeres, personas mayores de 43 años y habitantes del norte y Lima Metropolitana. La ciudadanía asocia la corrupción con obras de mala calidad, atención deficiente en salud y educación, y falta de oportunidades laborales.

El estudio también evidencia un fenómeno de externalización: mientras la mayoría considera que los peruanos son corruptos, casi todos se perciben a sí mismos como honestos. Esta brecha revela un problema estructural en la comprensión del fenómeno y alimenta prácticas que perpetúan la corrupción cotidiana.

Además, muchos ciudadanos normalizan el uso de contactos para resolver trámites o acceder a servicios urgentes, especialmente en hospitales. Estas prácticas, aunque consideradas moralmente cuestionables, son vistas como respuestas a un Estado lento, burocrático e ineficiente.

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Ciudadanía reconoce que pagó coimas o conoce a alguien que lo hizo en el último año

El 31% de los encuestados admite haber pagado o conocer a alguien que pagó una coima en el último año. Los escenarios más comunes son trámites del Estado, multas de tránsito y atención en hospitales públicos. El principal detonante es la idea de que “si uno no paga, las cosas no funcionan”, una frase que describe con crudeza la descomposición de los servicios públicos.

La tolerancia hacia ciertas formas de corrupción también se mantiene alta. Muchas personas consideran aceptable usar relaciones personales para agilizar trámites o conseguir citas médicas. En contraste, los sobornos directos a policías o inspectores municipales generan mayor rechazo, aunque incluso esos casos no alcanzan un consenso absoluto.

La mayoría de víctimas de coimas no denuncia por desconfianza en el sistema, temor a represalias o desconocimiento de los canales formales. Esta falta de denuncias contribuye a la impunidad y a la permanencia de prácticas corruptas en el Estado.

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PNP e instituciones educativas concentran casos de corrupción sexual

La encuesta registra que el 13% de ciudadanos ha sido víctima o conoce a alguien que sufrió pedidos de favores sexuales en el último año. Este tipo de abuso se concentra principalmente en instituciones educativas y en la PNP, donde se reporta un riesgo significativo. Las mujeres y los jóvenes aparecen como los más vulnerables a este tipo de agresiones vinculadas al poder.

La mayoría de víctimas no denuncia por miedo, desconfianza o desconocimiento. En este caso, el temor a represalias es la principal barrera, lo que genera un círculo de silencio que facilita la impunidad. La corrupción sexual se consolida como una expresión extrema de abuso de poder, que afecta especialmente a poblaciones vulnerables.

Este fenómeno también revela un Estado que no garantiza mecanismos efectivos de protección ni sanción. Aunque la ciudadanía reconoce la gravedad del problema, la falta de medidas concretas refuerza la percepción de que denunciar no sirve.

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Ciudadanía relaciona a la minería ilegal y narcotráfico con la corrupción

Un 94% de los encuestados afirma que la corrupción está ligada a economías ilegales como la minería ilegal, la tala indiscriminada o el narcotráfico. La mayoría cree que estas actividades proliferan por la debilidad de las instituciones y la falta de control estatal. Además, cuatro de cada diez consideran que, en algunas regiones, estas economías son la única opción laboral disponible.

La deforestación y la minería ilegal son percibidas como problemas graves que el Estado no está enfrentando adecuadamente. Más del 90% sostiene que no se han tomado medidas efectivas para combatir estas amenazas, pese a su impacto social, ambiental y económico.

La encuesta también muestra preocupación sobre la violencia contra líderes ambientales e indígenas. Aunque muchos ciudadanos admiten estar poco informados, existe un apoyo mayoritario a la creación de mecanismos de protección para estas personas, que suelen enfrentar riesgos por denunciar actividades ilícitas.

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Elecciones 2026: ciudadanos buscan honestidad en candidatos

Rumbo al 2026, la honestidad se impone como la cualidad más valorada en un candidato. Este atributo supera a la experiencia política, la eficiencia o la capacidad técnica. La crisis de confianza ha generado que la integridad sea vista como el principal requisito para ocupar cargos públicos.

La encuesta también registra un fuerte cuestionamiento a los partidos políticos. Siete de cada diez ciudadanos creen que ocultan información sobre el financiamiento de sus campañas. Esta percepción alimenta la idea de que existe poca transparencia en los procesos electorales y que los aportes privados influyen en las decisiones públicas.

Finalmente, la ciudadanía exige que los partidos expulsen a sus integrantes implicados en actos de corrupción y establezcan filtros más estrictos para seleccionar candidatos. La demanda de medidas punitivas refleja un cansancio acumulado frente a la impunidad política.