
El Pleno del Congreso de la República rechazó con 63 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones el informe final que buscaba la inhabilitación por 10 años contra la exministra del Gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez Chino. La denuncia constitucional, impulsada por la congresista Patricia Chirinos, no alcanzó los 68 votos requeridos para su aprobación, lo que permite a la exjefa del Consejo de Ministros mantener abierta sus aspiraciones de postular al Senado en las elecciones 2026.
Como se recuerda, el pasado 7 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó inhabilitar por 10 años de ejercer la función pública a Betssy Chávez, además del expresidente Pedro Castillo y el exministro del Interior, Willy Huerta, acusados del intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022. En el caso de Castillo y Huerta falta que sean ratificados en la Comisión Permanente.
Ante la falta de solo cinco votos para alcanzar la inhabilitación de Betssy Chávez Chino, las bancadas Honor y Democracia, Renovación Popular y Fuerza Popular han apoyado el pedido de reconsideración presentado por el parlamentario Jorge Montoya. De igual manera, la congresista Norma Yarrow también presentó un segundo pedido de reconsideración a nombre de Renovación Popular.
"Se volverá a votar y seremos testigos de quiénes blindan a Betssy Chávez", argumenta el partido de Rafael López Aliaga.
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A la par del pedido de inhabilitación, Betssy Chávez lleva en curso un juicio oral en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, donde es acusada de los presuntos delitos de rebelión y conspiración, en el marco del intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La Fiscalía ha solicitado una pena de hasta 25 años de prisión en su contra.
A pesar de su reciente asilo en la Embajada de México en Lima, el Tribunal decidió que el juicio puede continuar sin su presencia física, asegurando la continuidad del proceso con la participación de su defensa legal. Recientemente, se realizaron los alegatos finales de la defensa en una de las audiencias.
Aunque Chávez fue liberada de la prisión preventiva por orden del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial le impuso una medida de impedimento de salida del país por diez meses. Esta medida cautelar tenía el objetivo de garantizar su comparecencia al juicio oral. Su liberación se basó en un argumento de "exceso de carcelería" y supuesta detención arbitraria.

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