
Familiares de las víctimas de la represión en Ayacucho, ocurrida en diciembre de 2022, convocaron a una nueva jornada de protesta y memoria tras la muerte de Eduardo Ruiz, joven que perdió la vida durante la marcha nacional del miércoles 15 de octubre. La Asociación de Víctimas informó que la vigilia se realizará hoy a las 4 de la tarde en la Plaza de Armas de Huamanga, frente a la catedral, para exigir justicia y rechazar la impunidad que, aseguran, se mantiene desde las muertes registradas durante el gobierno de Dina Boluarte.
El colectivo responsabilizó públicamente al “pacto mafioso entre José Jerí y el Congreso” por las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Ruiz, y señaló que el Estado no ha aprendido de los hechos ocurridos hace casi tres años.
Como se recuerda, Ayacucho fue una de las regiones más golpeadas por la violencia estatal durante las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte. En aquella ocasión, diez personas fueron asesinadas por disparos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
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La Fiscalía de la Nación dispuso el inicio de diligencias urgentes para investigar la muerte de Eduardo Ruiz Sanz, joven de 32 años que perdió la vida durante las protestas del 15 de octubre contra el Gobierno de José Jerí y el Congreso. Según la información oficial, el Ministerio Público busca esclarecer las circunstancias del crimen ocurrido en el centro de Lima, luego de que Ruiz recibiera un impacto de bala en el pecho mientras participaba en la manifestación.
El caso quedó a cargo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Terrorismo, que ordenó el levantamiento del cuerpo en el Hospital Arzobispo Loayza, así como la recopilación de imágenes, videos y peritajes balísticos en la zona donde se registró el ataque. Estas diligencias forman parte de una investigación preliminar para identificar al responsable y determinar si hubo uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del orden.
Testigos señalaron que el disparo habría sido realizado por un policía vestido de civil, quien actuó en medio de la concentración pacífica en la Plaza Francia. Pese a las evidencias, el Ministerio del Interior evitó asumir responsabilidad política y sostuvo que la Policía actuó dentro del marco legal y “respetando los derechos humanos”.

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