
El alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariños, fue intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) en el tramo de la carretera Panamericana Norte, a la altura del distrito de Samanco, provincia del Santa, región Áncash, mientras avanzaba en su denominada “marcha de sacrificio” hacia Lima. Mariños denunció que la detención fue arbitraria y política y responsabilizó a la presidenta Boluarte y a César Acuña por si algo le sucedía. "La Policía nos viene siguiendo. Anoche tuvieron que evacuarme… cuando me sucede algo, los responsables son Dina Boluarte y Acuña", sostuvo
Durante la intervención, el alcalde y su comitiva, que incluyen ronderos locales, fueron trasladados a la comisaría de Buenos Aires en Nuevo Chimbote. Según la versión policial, en el operativo se hallaron armas de fuego en posesión de Mariños y otros participantes, presuntamente pertenecientes al equipo de seguridad del alcalde. La defensa del municipio sostiene que la documentación estaba en regla.
También manifestó que cuando lo intervinieron el arma estaba dentro de su camioneta, y que todo está debidamente licenciado. "La Policía dijo que tenía información de que yo portaba un arma… cuando me intervinieron el arma estaba en la camioneta. Fue un abuso… Como no nos han encontrado nos han dejado libres", señaló.
Además, en diálogo con RPP, dijo que hubo “una mala intención de querer dañar mi imagen” y que la presencia de cámaras mediáticas evitó que se cometiera un atropello mayor en la acta policial. "Ese comisario de Buenos Aires no puede cometer abuso", manifestó.
Desde la Central Única de Rondas Campesinas, el presidente Santos Quispe denunció el uso de procedimientos indebidos por parte de los efectivos policiales y calificó la intervención como un abuso estatal.
La movilización partió con el objetivo de exigir al Ejecutivo el cumplimiento de compromisos pendientes como la construcción del hospital en Tayabamba, asfaltado de vías para la provincia de Pataz, mejoras en seguridad, y atención diferenciada para zonas rurales.
Mariños acusó al gobierno nacional y al gobierno regional de incumplir plazos pactados. "Ella se comprometió a entregarnos el expediente técnico en diciembre de 2024, no cumplió; luego dijo que en julio … nos volvieron a engañar. Somos los principales productores de oro y no tenemos hospital. Nuestra gente se muere de dolor… Esta es una marcha pacífica y justa", puntualizó.

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