Gobierno de Boluarte respalda al fujimorismo y cuestiona a la Fiscalía por pedir la exclusión de Fuerza Popular

El pacto cierra filas en contra de la Fiscalía. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), encabezada por Eduardo Arana y bajo el Gobierno de Dina Boluarte, expresó su respaldo al partido fujimorista Fuerza Popular. A través de un comunicado, la PCM afirmó que las recientes decisiones adoptadas por el Ministerio Público —en clara referencia a la solicitud de declarar ilegal a dicho partido— representan una amenaza para la democracia nacional.

La publicación difundida en X (antes Twitter) se alinea con el discurso del Gobierno de Boluarte, caracterizado por sus constantes cuestionamientos al trabajo de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza: “La Fiscalía de la Nación no puede convertirse en una institución por encima de la Constitución y las leyes, pretendiendo determinar, de manera antidemocrática, qué partidos deben participar en la próxima contienda electoral”, señala el pronunciamiento.

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En su argumentación, el Gobierno sostiene que las recientes crisis políticas del país podrían agravarse con la decisión tomada por el Ministerio Público: “Los peruanos hemos tenido, en los últimos seis años, seis presidentes de la República, situación que nos ha llevado a una crisis económica, política y social de la que recién estamos saliendo (…)”, añade el comunicado.

De esta manera, el Gobierno de Boluarte se suma a Fuerza Popular en una nueva muestra de consolidación de su pacto político. Previamente, Keiko Fujimori se victimizó y aseguró que la medida representaba una “cortina de humo” que termina dañando a la Fiscalía.

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Fuerza Popular: Fiscalía solicita que se declare ilegal el partido Fuerza Popular

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó ante la Corte Suprema una solicitud para declarar ilegal al partido Fuerza Popular y excluirlo de las elecciones generales del 2026. El planteamiento se respalda en la presunta infracción al artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, que sanciona a las agrupaciones que actúan contra los principios democráticos. Según el requerimiento, el fujimorismo habría incurrido en una vulneración sistemática de derechos y libertades fundamentales, lo que configura conductas de carácter antidemocrático.

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De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, no se trata únicamente de discursos hostiles hacia las instituciones estatales, sino también de la validación de prácticas de violencia política. Se acusa al partido de haber restringido reiteradamente derechos esenciales de periodistas, opositores y defensores de derechos humanos, lo que evidenciaría un patrón de conducta incompatible con la democracia.

En esa línea, la Fiscalía pidió medidas adicionales, como el cierre de los locales partidarios en todo el país y la prohibición de una eventual reinscripción de la agrupación. El argumento central es que solo así se impediría la continuidad de acciones que socavan el orden democrático, las cuales habrían incluido persecución a magistrados y respaldo a iniciativas legislativas que promueven la impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos.

Las conductas antidemocráticas de Fuerza Popular identificadas por la Fiscalía

La acusación contra Fuerza Popular sostiene que el partido ha desplegado diversas prácticas antidemocráticas. Una de ellas habría sido el hostigamiento sistemático a jueces, fiscales, autoridades electorales y adversarios políticos, con el objetivo de socavar la autonomía de las instituciones y debilitar a quienes no coincidían con su línea partidaria.

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Otra de las observaciones apunta a la exclusión de congresistas y aliados que mostraron discrepancias con la dirigencia. Entre los sancionados estuvieron Kenji Fujimori y otros legisladores que expresaron posturas distintas, lo que la Fiscalía interpreta como un atentado contra la libertad de conciencia y la diversidad de opiniones dentro de la organización.

El documento también acusa al fujimorismo de reescribir la memoria del conflicto armado interno, al minimizar o justificar graves violaciones de derechos humanos mediante discursos, programas de formación política y proyectos legislativos que favorecían la impunidad. Finalmente, se señala que el partido contribuyó a legitimar la violencia como recurso político, ejemplificado en la narrativa del supuesto fraude electoral del 2021 y en su cercanía con grupos radicales como La Resistencia, responsables de hostigamientos a periodistas, opositores y actores de la sociedad civil.