Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) se pronunció frente a las declaraciones del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien amenazó con denunciar a los magistrados que decidan no aplicar la Ley de Amnistía recientemente aprobada por el Congreso. Según el gremio judicial, esta postura constituye un intento de intimidación que afecta la independencia de la judicatura y vulnera la división de poderes que sostiene al sistema democrático.

El pronunciamiento sostiene que las expresiones del ministro representan una injerencia inaceptable en la labor judicial. Recordaron que corresponde a los jueces y juezas interpretar y aplicar las leyes conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. En esa línea, enfatizaron que la función jurisdiccional no puede estar sometida a presiones ni amenazas provenientes del Ejecutivo.

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La asociación también remarcó que es deber de los magistrados garantizar que sus decisiones se ajusten al corpus iuris interamericano de derechos humanos. Señalaron que este mandato ha sido ratificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y forma parte esencial del sistema de control de constitucionalidad y convencionalidad vigente en el Perú.

Finalmente, invocaron los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre la independencia judicial, que establecen que los jueces deben resolver los casos con imparcialidad y sin injerencias externas. Advirtieron que las presiones, amenazas o represalias atentan contra el Estado de derecho y representan un retroceso en materia de protección de los derechos fundamentales.

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Juan José Santiváñez insiste en denunciar a jueces que rechacen la amnistía

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, anunció durante una entrevista al canal de YouTube de La Cámara Inmobiliaria Peruana que coordinará con los procuradores del Estado para iniciar acciones legales contra los magistrados que decidan no aplicar la Ley de Amnistía. Según indicó, los jueces deben resolver de acuerdo con el marco jurídico nacional y no pueden apartarse de lo aprobado por el Congreso.

El funcionario defendió la cuestionada norma alegando que busca dar respuesta a procesos abiertos contra policías y militares que llevan décadas sin resolverse. También sostuvo que la Corte IDH no puede condicionar las decisiones judiciales en el Perú, afirmando que ese organismo “no vivió nuestra guerra” y que su rol sería irrelevante en este contexto.

Sin embargo, varios jueces ya han empezado a inaplicar la ley a través del control difuso, especialmente en casos vinculados a graves violaciones de derechos humanos. Un ejemplo es la decisión del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que rechazó aplicar la amnistía en el caso Chumbivilcas, donde se investigan crímenes como tortura, abuso de autoridad y violencia sexual.