Dina Boluarte autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza tras fallo que suspende su impedimento de salida del país

La presidenta Dina Boluarte autorizó, mediante la Resolución Suprema N° 190-2025-PCM, el viaje del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez Antúnez, a Ginebra, Suiza, para participar en el 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del 6 al 11 de setiembre de 2025. Cabe resaltar que el titular tiene una orden de impedimento de salida del país; sin embargo, el juez Edin Campos Barranzuela suspendió esta restricción por cinco días.

"Autorizar el viaje del señor Juan José Santiváñez, Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos, a la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, del 6 al 11 de setiembre de 2025, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Suprema", se lee en el diario El Peruano.

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Es importante recalcar que la resolución no menciona la situación legal del ministro y justifica la autorización con el argumento de que su presencia en el foro internacional es de 'interés nacional e institucional' En el evento, Santiváñez participará en reuniones bilaterales con autoridades de Naciones Unidas, mientras en el país persisten cuestionamientos sobre su idoneidad para representar al Estado peruano.

Según el documento, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asumirá un gasto total de US$6,681.54, que incluye US$3,981.54 en pasajes aéreos y US$ 2,700 en viáticos por cinco días. Mientras tanto, el despacho de Justicia quedará encargado al ministro de Salud, César Henry Vásquez Sánchez.

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Juan José Santiváñez enfrenta un impedimento de salida del país por 18 meses

El pasado mes de junio, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dictó un impedimento de salida del país por 18 meses contra el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez Antúnez, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias agravado.

La medida se tomó tras revocar una resolución anterior del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien había rechazado el pedido de la Fiscalía por considerar que no existía un riesgo de fuga. Sin embargo, la sala superior acogió la apelación del Ministerio Público, que presentó nuevas razones para sustentar el pedido.

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De acuerdo con la investigación, Santiváñez habría solicitado presuntamente US$20.000 a allegados de un cliente, el recluso Miguel Joel Marcelo Salirrosas, con el objetivo de influir en el Tribunal Constitucional, para favorecerlo en su proceso.

La fiscalía argumentó que este hecho, sumado a su capacidad económica, sus frecuentes viajes internacionales y la posibilidad de una alta condena en caso de ser hallado culpable, representaba un riesgo de fuga que justificaba la medida restrictiva.