Realizan reconstrucción y pericia balística de masacre del 15 de diciembre del 2022 en Ayacucho

Ayacucho vuelve a mirar su herida reciente más dolorosa. Desde el lunes 1 de septiembre, la Fiscalía realizó las diligencias de reconstrucción de los hechos ocurridos el 15 de diciembre de 2022, cuando la respuesta militar a las protestas en contra de Dina Boluarte en la ciudad de Huamanga dejó un saldo de 10 muertos y 45 heridos. A casi tres años, los familiares caminan otra vez las calles aledañas al aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte, escenario central de la represión.

La diligencia busca esclarecer cómo ocurrieron los disparos que acabaron con la vida de Christopher Ramos Gutiérrez (15), Josué Sañudo Quispe (31), Jhon Mendoza Huarancca (34), Raúl García Gallo (35), Clemer Rojas García (22), Luis Urbano Sacsara (22), Edgar Prado Arango (51), José Luis Aguilar Yucra (20), Leonardo Hancco Chacca (32) y Jhonatan Alarcón Galindo (19). Todos murieron por proyectiles de arma de fuego, según las necropsias realizadas.

La carpeta fiscal agrupa a un total de 55 agraviados: 10 fallecidos y 45 heridos. Sus voces se hicieron presentes en esta segunda reconstrucción que, a diferencia de la primera realizada en febrero de 2023 para reconocer únicamente los espacios, incorporó peritajes balísticos para determinar la trayectoria de las balas.

Para las víctimas, personas de bajos recursos, el apoyo legal ha sido vital. Los casos son llevados por Paz y Esperanza, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y APRODEH.

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Un cambio que generó retrasos

El camino judicial ha sido accidentado. Al inicio, la investigación estuvo a cargo de la fiscal Karen Obregón, de la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho. Ella realizó la primera inspección en el lugar, apenas dos meses después de la masacre.

Pero en marzo de 2023, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso que todos los casos de represión en protestas a nivel nacional pasaran a un Equipo Especial en Lima. Así, la carpeta de Ayacucho ahora terminó en manos de la fiscal Mirela Coronel, quien dirige el proceso.

El reloj judicial impone una presión adicional: el plazo de investigación vence el 12 de octubre. De acuerdo a nuestras fuentes, desde enero, la fiscal viene solicitando una prórroga de ocho meses, pero hasta hoy el juez no la resuelve. Si no se concede, en octubre deberá presentarse la acusación con lo ya recabado. Para Gloria Cano, abogada de Aprodeh, ese no es gran problema: “Las evidencias son suficientes para formular acusación. No hay otra manera de entender lo que pasó”.

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Balística y trayectorias de bala

La segunda reconstrucción es determinante. Los peritos marcan en el terreno los puntos donde cayeron los heridos y los fallecidos. Luego se calculó la dirección de los proyectiles.

Gloria Cano explica a La República que los resultados son claros: “Ninguno de los heridos estuvo dentro del aeropuerto. Todos fueron alcanzados en calles adyacentes, cerca del cementerio o en los alrededores. La mayoría de las trayectorias provienen del interior del aeropuerto o de las salidas por donde se vio salir a militares en los videos”.

La hipótesis inicial de que los manifestantes intentaban “tomar” o “destruir” el aeropuerto quedó descartada. “Eso se constató en la reconstrucción: no hubo tal invasión”, añade Cano.

La República conoció, además, que también se realizó un peritaje a los fusiles de asalto Galil de origen israelí, que utilizaron los militares esa tarde.

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Intimidaciones y tensiones en la diligencia

Aunque la diligencia transcurrió en relativa normalidad, los abogados señalan algunos incidentes preocupantes. Cano relata que un perito de parte —presentado por los abogados de los militares— se acercó a un agraviado mientras señalaba el lugar donde cayó herido. Le dijo: “Aquí no hay ángulo de tiro, ya caíste”.

“Fue una forma de amedrentarlo, de desacreditar su testimonio. La fiscal tuvo que intervenir de inmediato para poner orden”, recuerda Cano.

No fue el único caso. Juan José Quispe, abogado del IDL, denunció la presencia de personas que filmaban y fotografiaban a los agraviados sin identificarse como parte de la Fiscalía. “Llegaban en motos sin placa, tomaban fotos en restaurantes o durante la diligencia, a medio metro de los familiares. Eso es hostigamiento”, sostiene. Además, sugiere, eran agentes de inteligencia.

Henry Mercado, de Paz y Esperanza, coincide: “Persisten los temores entre testigos y heridos. Algunos se negaron a participar porque siguen sintiéndose perseguidos. Otros no pudieron llegar por falta de recursos para trasladarse desde comunidades alejadas”.

Los tres abogados remarcan un punto común: la pasividad de la Policía durante las diligencias. Quispe lo describe así: “No cumplen su rol de apoyo. Se ponen contra la pared, sin cerrar calles ni garantizar seguridad. Solo actúan cuando la fiscal se los ordena. Eso no es acompañar”.

Para las víctimas, la escena tiene un eco doloroso. El 15 de diciembre de 2022, policías y militares operaron juntos. Hoy, en el intento de reconstruir lo ocurrido, algunos uniformados parecen repetir la distancia y la indiferencia.

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Testigos que pierden el miedo

A pesar de las intimidaciones, algo ha cambiado. Varios heridos que nunca habían declarado antes participaron por primera vez en la reconstrucción. “Es un avance. Durante meses no quisieron hablar por miedo a ser acusados de terrorismo o vandalismo. Ahora se animan a contar lo que vivieron”, resalta Quispe.

Uno de ellos narró cómo una bala le entró por la espalda y salió por el cuello. Desde entonces sufre dolores crónicos y migrañas. Otro joven perdió movilidad en una pierna. Ninguno recibe atención médica especializada del Estado.

Las secuelas psicológicas de quienes perdieron a sus familiares son profundas. “Se levantan en la madrugada cuando escuchan ruidos. No tienen apoyo de ningún ministerio. Han quedado olvidados”, señala Quispe.

“Todo coincide. La tesis fiscal de que los militares dispararon a matar se viene confirmando. Los disparos fueron a larga distancia, incluso por la espalda. Eso es ejecución, no dispersión de protestas”, enfatiza Quispe.

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Estrategias de defensa militar

En paralelo, los abogados de los militares intentan sembrar dudas. Alegan que algunos disparos pudieron ser de perdigones. En una audiencia, una abogada insistió en que la bala era “un perdigón”, pese a que la víctima nunca lo dijo. Cano replicó: “Usted no es perito”.

Otros buscan desacreditar a los heridos. “Un abogado quiso dejar constancia de que un agraviado tenía tatuajes, como si eso lo convirtiera en delincuente. Es una estrategia para criminalizar a las víctimas”, denuncia Mercado. Quispe también lo mencionó.

Los peritos de parte también han adoptado un rol agresivo. “Se ponen a debatir con los testigos o con nosotros, como si fuera juicio oral. Les dicen cosas como: ‘no vas a sacar nada’ o ‘¿qué haces acá?’. Eso es matonería, no pericia”, relata Quispe.

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La justicia que llega tarde

El retraso en las diligencias ha generado vacíos difíciles de llenar. Las rejas del aeropuerto fueron cambiadas, borrando parte de la escena. Lugares con manchas de sangre ya no existen.

Mercado lamenta que no se hicieran pericias inmediatas: “Hoy todo es aproximado. Es un error del Ministerio Público que debió actuar de inmediato en diciembre de 2022. Tres años después, hay evidencias perdidas”.

Aun así, los abogados coinciden en que la evidencia restante basta para acusar. El riesgo es que el plazo judicial venza sin que se formalice. “Si no dan prórroga, la fiscalía tendrá que acusar con lo que tiene. Pero no puede archivarse. Sería impunidad”, advierte Cano.

Reider Rojas es el padre de Clemer Rojas, quien murió a los 22 años. era estudiante de mecánica, aficionado del hip hop e hincha de Alianza Lima. Recién fue citado a declarar el pasado 25 de agosto: “Fue doloroso, tuve que recordar lo que sucedió ese día. Nosotros seguimos firmes, exigimos justicia”, señaló a La República.

Un caso emblemático

La represión en Ayacucho fue una de las más sangrientas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Organismos internacionales como Amnistía Internacional y la CIDH la catalogaron como masacre y ejecuciones extrajudiciales.

Las víctimas fueron, en su mayoría, trabajadores que regresaban a casa o jóvenes que se sumaron a la protesta. Ninguno estaba armado. Ninguno estaba dentro del aeropuerto.

El abogado Quispe lo resume: “El Ministerio Público ha demostrado que no eran terroristas ni buscaban tomar un aeropuerto. Eran ciudadanos ejerciendo su derecho a protestar. Fueron ejecutados a distancia, algunos por la espalda”.

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Octubre: fecha decisiva

El próximo 12 de octubre vence el plazo de investigación. La fiscal Coronel solicitó prórroga, pero el juez aún no responde.

Si se concede, habrá más meses para completar pericias. Si no, deberá presentarse acusación con las pruebas actuales. Cano insiste en que basta: “Las pruebas son contundentes. No se puede esperar más. Las familias llevan casi tres años esperando justicia”.

Mientras tanto, cada reconstrucción revive la herida. Familias que llevan fotos de sus muertos, testigos que vuelven a los lugares donde cayeron, abogados que enfrentan hostigamiento.

Ayacucho espera. Octubre marcará un hito: acusar y llevar a juicio, o dejar que la impunidad entierre otra vez a sus muertos.