
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el expresidente Alejandro Toledo será trasladado del penal de Barbadillo a la clínica San Pablo para una consulta y evaluación ambulatoria. Esta medida fue dispuesta por el Tribunal Constitucional, tras declarar nula la resolución emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate, que impedía su atención en este centro médico.
Asimismo, la entidad señaló que esta medida será aplicada cada vez que el exmandatario tenga programada una cita médica.
Cabe mencionar que este fallo es el resultado de un largo proceso judicial en el que Toledo presentó una demanda en abril de 2024, en la que argumentó que su derecho a la salud y a la integridad personal fue vulnerado por las condiciones de su detención. Por ese motivo, el TC declaró fundada en parte la demanda, por lo que reconoce que existen elementos suficientes para asegurar que su salud podría estar en riesgo debido a la falta de atención médica adecuada en el penal.
Y es que el exmandatario, quien padece diversas enfermedades, desde más de dos años solicitó ser atendido a su propio costo en la Clínica San Pablo de Surco debido a que ahí se encuentra su historia clínica con los exámenes, evaluaciones y procedimientos médicos relacionados con las enfermedades y dolencias que padece actualmente. Sin embargo, en marzo de 2025, el Juzgado de Ate rechazó esta solicitud debido a que señaló que no existía suficiente justificación médica para el traslado.
Según una evaluación realizada por el sistema penitenciario, Toledo fue declarado "clínicamente estable" y con acceso a atención especializada en los hospitales de Essalud.
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No obstante, en una resolución emitida el 31 de julio de 2025, el TC ordenó al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate emitir de manera inmediata una nueva resolución que permita el traslado de Toledo, conforme a las condiciones solicitadas por su defensa como atención ambulatoria.
Por otro lado, el TC desestimó la solicitud de sancionar al juez del caso o al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), al considerar que, aunque las decisiones tomadas fueron insuficientes, sí hubo una respuesta formal y un pronunciamiento claro.

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