
La Sala Suprema Penal Permanente del Poder Judicial rechazó el pedido de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de apartar al juez Juan Carlos Checkley de los casos seguidos contra el hoy ministro de justicia, Juan José Santiváñez.
La titular del Ministerio Público adujo que la imparcialidad del magistrado podría verse comprometida dado que los abogados que lo representan pertenecen al mismo estudio legal que defiende a Santiváñez: Estudio Caro & Asociados. Además, la Fiscalía cuestionó que el juez rechazó un pedido de impedimento de salida del país sin considerar que, tras ser censurado por el Congreso, Santiváñez había perdido sus vínculos laborales y, por ende, su arraigo profesional.
El PJ desestimó ambos argumentos. Señalaron que la cuestión sobre el mismo estudio legal ya había sido evaluada anteriormente cuando el juez intentó inhibirse del caso, sin que ello derivara en falta de imparcialidad. En cuanto al rechazo del impedimento de salida del país, los magistrados precisaron que Santiváñez no había expuesto su situación laboral durante la audiencia, y por lo tanto Checkley no podía valorar ese aspecto pese a ser de conocimiento público.
En ese sentido, la sala concluyó que no existió una violación al derecho de ser juzgado por un juez imparcial. Además, el juez supremo no llevará el caso hasta juicio, sino solo la primera instancia, lo que también fue considerado al emitir la resolución.
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En octubre del 2024, el juez supremo Juan Carlos Checkley solicitó inhibirse de llevar el caso de Juan José Santiváñez, por el presunto delito de abuso de autoridad, porque identificó que el abogado Luis Miguel Reyna Alfaro, quien lo defiende en una investigación preliminar en su contra, también, forma parte del Estudio Caro & Asociados que dirige la defensa del ministro del Interior.
"Me inhibo de intervenir en los casos en los que se encuentre como investigado Juan José Santiváñez Antúnez y esté patrocinado por el Estudio Caro & Asociados", resolvió el juez Checkley en el auto de inhibición presentado.
Según explicó el juez supremo, al revisan el expediente del caso, identificó que la "defensa del investigado Santiváñez Antúnez la ejerce el Estudio Caro & Asociados, en el que también participa como socio el abogados Luis Miguel Reyna Alfaro", quien lo defiende en una investigación preliminar en la Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos.
Para sustentar su pedido, el juez supremo explicó que la inhibición garantiza la imparcialidad judicial. "El objetivo es alejar del proceso a un juez que, aun revistiendo las características de ordinario y predeterminado por la ley, estaría incurso en ciertas circunstancias en orden a su vinculación con las partes o con el objeto del proceso", argumentó.

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