Un país no dividido, sino maltratado, por Rosa María Palacios

Keiko Fujimori inaugura su gobierno con un mensaje de 28 de julio populista y un pedido de facultades legislativas liberal. Los documentos han sido escritos por manos diferentes, pero profesionales. El mensaje es breve (siempre una ventaja), pero expansivo en el gasto público a niveles impagables. La contradicción con sus propias ofertas de campaña saltó en el primer minuto. ¿Le sumó algo? Con el paso de los días, nadie lo recordará porque no propuso una sola idea sobre su gobierno que no sea gastar en medio de omisiones gigantes.

El pedido de facultades es otra historia. Es un big banglegislativo que pasa por el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código Civil, la Ley General de Sociedades, el Código Tributario, la Ley de Impuestos a la Renta, todas las leyes laborales, todas las leyes de recursos naturales, además de todas las leyes de organización del Ejecutivo. Todo esto con una orientación desreguladora en todos los ámbitos. Desde lo ambiental hasta lo aduanero, pasando por la tributación, la minería, la pesca, los hidrocarburos y toda actividad económica. El centro está en la largamente estudiada reforma laboral. Bajar los costos de la formalización laboral es audaz, deseable y, políticamente, siendo realistas, inviable. Desaparecer la estabilidad laboral no lo logró ni su padre, con niveles de popularidad altísimos y gobernando por decretos ley. La propuesta elaborada por Elmer Cuba puede ser técnicamente brillante, pero absolutamente impopular. Para hacerla popular tendrían que hacer una profunda docencia económica y política. Y si algo hemos aprendido del fujimorismo es que lo suyo es imponer, no convencer. Vender al país una idea cuesta mucho más que comprar votos en el Congreso.

Las elecciones para la Mesa Directiva del Senado son un pésimo comienzo para el gobierno de Keiko Fujimori. Si algo sepultó al gobierno de su padre fue ver en video cómo Montesinos le pagaba a Kouri unos miserables 15,000 dólares por cambiar de bancada. Alberto Fujimori cayó por un topo y, vaya paradoja, Keiko Fujimori llega con otro topo. ¿Qué pasaría si todo el país ve las pruebas de la compra del voto viciado de la oposición que llevó a Torres (30 a 29) a lograr la ansiada presidencia? Pruebas de lo tramposos que son: impedir la prensa en el Senado y en Diputados para que no se vea el sentido del voto en los casos de los congresistas que acordaron mostrarlo; y la diputada Chacón, mintiendo y amedrentando más de 60 veces a los diputados, amenazando con inexistentes acusaciones constitucionales. ¿Dónde está el arrepentimiento fujimorista por los errores políticos? Si comienzan en el mismo lugar donde el padre los dejó, todo mal.

Pero tal vez, donde Fujimori ha fallado con mayor profundidad es en atender las necesidades de un país que no votó por ella, que desconfía de ella y que, incluso, le teme. En todas las oportunidades de acercarse, el silencio ha sido la norma. Ni una palabra sobre las víctimas de violencia por parte de agentes del Estado. Una herida profunda y no olvidada. El único que tuvo un gesto simbólico, pidiendo por la defensa de la vida, fue monseñor Carlos Castillo. La lectura de los nombres de las víctimas durante la plegaria eucarística en la misa de Fiestas Patrias fue el único momento de empatía con el sufrimiento ajeno. De su homilía me quedo con una frase que no nos va a abandonar los próximos cinco años: la catástrofe no consiste en mantener un país dividido, sino maltratado.

En este contexto, ¿debe la Cámara de Diputados aprobar la delegación de facultades? Si la aprueban con límites, da igual. Cualquier cosa que limite al Ejecutivo será deshecha y rehecha en el Senado. La aduana de diputados es de un solo sentido. Los proyectos no regresan. La oposición solo tiene control en Diputados con 74 votos. Si sale de ahí, perdieron. Y después de las elecciones de la Mesa Directiva del Senado, queda claro que dos veces no los van a agarrar de ingenuos. Tal como se ha diseñado la actual Constitución, es casi imposible que Diputados faculte nada. Si lo hace, su poder se reduce a cero. Esto, por supuesto, prueba el pésimo diseño que los fujimoristas hicieron de la bicameralidad.

Han salido unos doctores Truquini (algunos no son ni abogados) a decir que Fujimori puede disolver la Cámara de Diputados con dos denegatorias de confianza. Eso es, en la práctica, imposible. El fujimorismo, para impedir las cuestiones de confianza de Castillo, modificó la Constitución por ley (como lo leen), estableciendo en el Reglamento del Congreso (y ahora en el de Diputados) que las cuestiones de confianza solo proceden cuando las acepta la Mesa Directiva, actualmente en manos de la oposición. Tremenda aberración fue impugnada ante el Tribunal Constitucional y este bendijo la barrabasada. Así que nadie sabe para quién trabaja. Nunca le van a aceptar una cuestión de confianza, así mande cien seguidas. Y el Senado, aquí, no juega. Algo adicional: ¿en qué cabeza cabe que Fujimori va a convocar a elecciones para una Cámara de Diputados donde tendría menos escaños?

La semana termina con un acto de justicia, largamente esperado. Ollanta Humala y sus coprocesados (básicamente, su familia política) han sido absueltos. Desde 2014, cuando todavía estaba en la presidencia, he sostenido siempre la misma tesis que el Tribunal Constitucional finalmente acogió hace meses para Keiko Fujimori y que ahora extiende a Humala. Una conducta puede ser ilegal e inmoral, pero eso no la convierte en delito. Recibir donaciones de campaña no es lavado de activos, menos aún en el caso de Humala, que alegó siempre jamás haber recibido dinero manchado por el delito.

La justicia penal debe sacar grandes lecciones de estos casos, pero me quedo con las que debe sacar la prensa. Les puedo asegurar que es profundamente impopular decir la verdad y explicarla con argumentos una y otra vez. Pero si nuestro deber es orientar a la audiencia de acuerdo con los principios más elementales de la justicia, hay que hacerlo sin miedo y sin dudas. Sumarse a un linchamiento mediático es más rendidor en audiencia inmediata, pero a la larga destruye la credibilidad del medio y la del periodista. Grandes injusticias se han cometido en nombre de la lucha anticorrupción y los medios son tan culpables como los jueces y fiscales que lo permitieron.