
Martín Vizcarra fue trasladado esta mañana del penal Ancón II al penal Barbadillo. La decisión, según el INPE, corresponde a una nueva directiva donde se especifíca que este centro penitenciario será a partir de ahora el lugar donde sean recluidos los expresidentes, por tener las "condiciones de seguridad" necesarias.
Esta disposición antes no se encontraba especificada y fue uno de las causas por las que Vizcarra fue clasificado a un penal común como Ancón II, donde permaneció los últimos 5 días. La nueva situación beneficiaría a la presidenta Dina Boluarte ante una posible detención en el marco de las investigaciones que se siguen en su contra.
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Sobre ella pesan las indagaciones por las muertes en protestas al inicio de su gobierno, el caso Rolex, la desactivación del Eficcop, entre otros. Si bien los procesos que se le siguen se encuentran paralizados por un fallo del TC, la Fiscalía aguarda para continuarlos al termino de su gobierno el 28 de julio de 2026.
El Instituto Nacional Penitenciario responde al Ministerio de Justicia, cuya cartera está a cargo desde el sábado 23 de agosto de Juan José Santiváñez, uno de los personajes de mayor confianza de la presidenta. Precisamente, fue Santiváñez quien dio la noticia del cambio de penal donde Martín Vizcarra cumpliría la prisión preventiva en su contra. Una hora después del anuncio, el INPE difundía en sus redes sociales la resolución que tiene como fecha de emisión el 26 de agosto y está firmada por el presidente del Consejo Nacional Penitenciario, Emilio Paredes Yataco.
"Que, la Oficina Regional Lima a través del Oficio N° D000620-2025-INPE-ORL de fecha 26 de agosto de 2025, propone la modificación de la Directiva denominada "Clasificación de internos procesados y setencias en los establecimientos penitenciaros a nivel nacional", para que se incorpore al Establecimiento Penitenciaro como una ubicación excepcional para internos en su calidad de expresidentes de la República", señala la resolución publicada por el INPE.
Además, se señala que con esta directiva se busca "subsanar un vacío legal respecto a la no inclusión del establecimiento penitenciario de Barbadillo". Antes, el penal al que debía ser recluido un expresidente lo determinaba una Junta Técnica de Clasificación.