
Dina Boluarte no saludó a Delia Espinoza en la inauguración la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), un evento oficial desarrollado en Palacio y que contó con la presencia de las máximas autoridades de los tres poderes del Estado.
El evento empezó al promediar las 11.00 am del 26 de agosto. Al iniciar su discurso, la mandataria brindó saludos mencionando a las principales autoridades y pese a que la fiscal de la Nación se encontraba a solo dos asientos de ella, no la mencionó. Quienes sí fueron nombrados fueron José Jerí, Eduardo Arana y Janet Tello.
Seguidamente, las palabras de la jefa de Estado: "Presidente del Congreso, señora presidenta del Poder Judicial, señor presidente del Consejo de Ministros, señor defensor del Pueblo, ministros y ministros de Estado, distinguidas altas autoridades políticas, civiles, policiales y representantes de la sociedad civil organizada. Señoras y señores miembros titulares e invitados del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana".
Espinoza, quien se estaba muy cerca de la mandataria, pasó por alto dicha omisión y la sesión se desarrolló con normalidad.
Este hecho se suma a lo ocurrido en julio último, fecha en la que la fiscal de la Nación envió una carta a la presidenta Dina Boluarte tras ser excluida de la reunión y mesa de trabajo con los mineros y otros representantes del Estado para tratar la formalización minera. En ese sentido, Espinoza señaló que dicha decisión genera preocupación y extrañeza, debido a que el Ministerio Público quedó al margen del grupo de trabajo.
A través de la misiva, la titular del Ministerio Público resaltó que la falta de un representante de la Fiscalía en la reunión "representa un riesgo para la eficiencia y legitimidad" de la medida que se buscaría para aminorar la minería ilegal.
"Nos preocupa y causa extrañeza que el Ministerio Público no ha sido convocado a esta mesa de trabajo. Esta decisión -al haberse convocado a otras entidades del sistema de justicia como el Poder Judicial-, representa un riesgo para la eficiencia y legitimidad de la política pública que se pretende formular", enfatizó.
Luego, Espinoza continuó: "nuestra participación como órgano constitucional encargado de dirigir la investigación del delito y ejercer la acción penal, resulta coherente con la necesidad de asegurar que cualquier proceso de formalización minera se fundamente en la legitimidad institucional y la sostenibilidad del Estado de derecho".

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