
Juan José Santiváñez, quien fue censurado por el Congreso como ministro del Interior y que se venía desempeñando como uno de los asesores de Palacio de Gobierno, vuelve a integrar el Consejo de Ministros. Este sábado 23 de agosto, la presidenta Dina Boluarte lo nombró como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Enrique Alcántara.
En la actualidad, el nuevo ministro de Justicia tiene una orden de impedimento de salida del país de 18 meses por el presunto delito de tráfico de influencias, sin embargo, pese a los cuestionamientos por su labor en el sector Interior e investigaciones fiscales, su regreso tiene otro propósito.
Primero, tanto Santiváñez como Boluarte tienen algo en común. Ambos cuestionan y atacan a la Fiscalía y al Poder Judicial por la investigaciones en su contra, así como por el incremento de la inseguridad. El pasado 28 de julio, en la página 61 de su mensaje por Fiestas Patrias, Boluarte se refirió a la necesidad de una reforma del sistema de justicia. “Se requiere (…) convertirlo en un esquema democrático y que cuente con la legitimidad que requiere la ciudadanía”, dijo.
De ser así como dice Boluarte, el Ministerio de Justicia impulsaría el proyecto de reforma para que sea debatido en el Congreso de la República. A Santiváñez no le incomoda la idea, pues es un duró crítico de la gestión de Delia Espinoza y Janet Tello.
El papel que jugará Santiváñez en la cartera de Justicia también es importante para los planes que tiene el Gobierno de Boluarte contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, el saliente ministro Alcántara sugirió la salida del Perú de la Corte IDH. Si bien dijo que el tema se encuentra en evaluación, desde el Ejecutivo ya se han dado señales de cortar toda relación con el organismo internacional, proceso que podría acelerarse con la llegada de Santiváñez.
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Ahora explicamos esta hipótesis. El pasado 20 de marzo, día que se presentó Santiváñez en el Congreso en el marco de su censura, este tenía pensado terminar su discurso invocando a que Perú salga de la Corte IDH.
En aquella ocasión, más allá de arremeter contra la Fiscalía y gestiones para pasadas para defenderse ante el incremento de la inseguridad, Santiváñez quería abrir debate cuestionando la participación del Perú en dicho organismo. Esto no se llevó a cabo, pero su intención quedó en evidencia, luego de que se publicara su discurso completo, por lo que no se descarta que su regreso estaría vinculado a concretarse dicha medida.
Su principal aval para lograr su cometido es la propia Dina Boluarte. La Corte IDH ordenó al Estado peruano detener el trámite de la Ley de Amnistía y abstenerse de aplicarla mientras analiza sus efectos sobre los derechos de las víctimas. El riesgo de impunidad en graves violaciones a derechos humanos en Perú es el punto en debate, pero lejos de reflexionar, el Gobierno promulgó la medida el pasado 13 de agosto a favor de policías, Fuerzas Armadas y comités de autodefensa, quienes violaron los derechos humanos durante la los años 1980 y 2000.
Antes de que se oficialice la norma, la mandataria Dina Boluarte no dudó en afirmar que la actuación de este organismo representa una amenaza a las normas que promueve el Congreso y el Ejecutivo.
"Ciertas injerencias internacionales nos instan a desconocer la voluntad y la autodeterminación del Estado peruano. La Corte IDH actúa como si el Perú siguiera siendo un virreinato, una colonia de algún país o de cualquier entidad internacional", dijo Boluarte en el Día de Juez.
"Busca interferir en nuestra capacidad soberana de decidir sobre los asuntos que competen únicamente a nuestro país (…) Desde acá quiero que sepan que esta pretensión no la vamos a permitir", añadió la mandataria.
Mientras Santiváñez asume el cargo de ministro de Justicia, en paralelo la Corte IDH escucha al Estado, así como a los familiares y abogados de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales de 25 personas en Barrios Altos y La Cantuta, ocurridas durante el régimen de Alberto Fujimori.
En tanto, familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos, La Cantuta, alzan su voz de protesta y se vienen reuniendo de manera seguida frente al Palacio de Justicia a fin de que los implicados no queden libres de las investigaciones.
Tanto Martín Vizcarra y Betssy Chávez vienen viviendo una represión por parte del INPE, entidad que pertenece al Ministerio de Justicia. Vizcarra y Chávez tienen una coincidencia: ambos son oposición del Gobierno de Dina Boluarte.
La asunción de Santiváñez a la cartera también tiene un claro propósito: salir a 'pechar' a favor de Boluarte en medios de cuestionamientos por la situación que vive Vizcarra y Chávez.
El expresidente salió de Barbadillo y ahora se encuentra en el penal de Ancón II. Al respecto, este dio una entrevista a RPP cuando se encontraba detenido y acusó a Dina Boluarte de estar detrás de su cambio de prisión.
“Después de una semana, llegó una segunda Junta de Clasificación, que arribó este miércoles, hace dos días. Ya desde ahí sentí algo raro: que quieran clasificar a una persona en menos de una semana. Sin embargo, la misma junta —la segunda, que estuvo el miércoles— determinó que lo que me correspondía era estar aquí, en Barbadillo, y que, si se decidía otra cosa, la propia junta me dijo que sería por decisión política de otro nivel”, exclamó Martín Vizcarra.
En tanto, Betssy Chávez denuncia maltratos en el penal de Chorrillos, por lo que, en más de una ocasión, anunciado huelga de hambre como medida de protesta.
Además de nombrar a Santiváñez en la cartera de Justicia y Derechos Humanos, la presidenta tomó juramento a Ana Peña Cardoza como nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en reemplazo de Fanny Montellanos, quien pasó a la cartera del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social por Leslie Urteaga, quien viene arrastrando las deficiencias del programa Wasi Mikuna ante Qali Warma.

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