
El Poder Judicial evaluará el martes 22 de julio, a las 11.00 a. m., la apelación presentada por el Ministerio Público para revertir la resolución que rechazó el pedido de seis meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo. Este pedido fue formulado en relación con la investigación por los proyectos “Lomas de Ilo” y el “Hospital Regional de Moquegua”.
La apelación fue presentada por el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, quien argumenta que la decisión del juez Víctor Alcocer vulneró el debido proceso y carece de la correcta motivación técnica.
Esto luego de que el 27 de junio, el PJ declaró infundado el pedido de prisión preventiva, aunque impuso una medida de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por seis meses.
Durante ese fallo se determinó que no existían elementos de convicción suficientes para considerar que Vizcarra presentaba peligro de fuga o que el nivel de sospecha alcanzaba el estándar exigido para dictar prisión preventiva. Sin embargo, la Fiscalía consideró que era necesario prolongar las restricciones para asegurar la presencia del exmandatario en futuras etapas del juicio
En paralelo, la defensa de Vizcarra también presentó un recurso para revocar las restricciones impuestas, señalando cuatro errores en la decisión judicial. Entre ellos, que se aplicaron sin un requerimiento previo y sin sustentar adecuadamente el riesgo de fuga, argumentando que el expresidente tiene arraigo familiar y no posee vínculo laboral inestable.
Durante la audiencia, el fiscal señaló que la empresa Urbaniza 3D SAC, que presentó la defensa de Vizcarra como arraigo laboral, tiene como gerenta general a Mónica Díaz Cabello, esposa del expresidente. Asimismo, como representente legal consigna a una extrabajadora del estudio de su abogado.
Esta información no fue negado por la defensa del exmandatario, quien además agregó -al ser cuestionado por el juez- que la esposa y dos hijas de Vizcarra son "accionistas" de la empresa. Desde la Fiscalía, además, sostuvieron que existe peligro de fuga por imágenes en las que se ve al expresidente desplazarse por un terminal terrestre sin resguardo de seguridad del Estado.
Por su parte, el expresidente uso sus alegatos para cuestionar a la Fiscalía, considerando que se ha dilatado el proceso. "La ineficiencia de una institución se va a corregir con la prisión de un ciudadano, eso sería algo insólito", sostuvo. Asimismo, ante lo evidenciado por el fiscal Juárez Atoche, Vizcarra señaló que todas las empresas "son familiares" e indicó que le están haciendo "reglaje".

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