Juicio oral contra Pedro Castillo: PJ evaluará si excluye a exministro Willy Huerta del proceso

El Poder Judicial evaluará el próximo lunes 7 de julio si el exministro del Interior Willy Huerta es excluido del proceso seguido contra el expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

La defensa legal del extitular del Mininter solicitó, por medio de un recurso de apelación, que se declare la imposibilidad de llevar a cabo el juicio oral y se archive el caso, argumentando que no existe una imputación concreta, específica e individualizada contra su defendido. Asimismo, alegó que no existen pruebas directas que demuestren la existencia de un delito previamente concertado.

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También, indicó que en la audiencia preliminar se vulneró el derecho a la defensa y hubo una carencia de elementos de convicción suficientes y adecuados.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo del fiscal Alcides Chinchay, solicitó que el recurso sea denegado.

Ahora la decisión queda en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, instancia que evaluará el recurso en audiencia virtual a las 9.00 a.m. del próximo 7 de julio.

La apelación va contra la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el 12 de noviembre del 2024, la cual autorizó el inicio de un juicio oral contra Willy Huerta.

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Juicio contra Pedro Castillo: ¿de qué se acusa a Willy Huerta?

El Ministerio Público acusa a Huerta de haber actuado como presunto coautor del delito de rebelión, al supuestamente colaborar con Pedro Castillo, Betsy Chávez y Aníbal Torres en la planificación para disolver el Congreso e instaurar un estado de excepción. Concretamente, se le imputa haber facilitado el golpe al contactar al comandante general de la Policía, Raúl Alfaro, transfiriendo una supuesta orden de Castillo de cerrar el Congreso.

Debido a esto, en marzo de 2023, el Congreso aprobó iniciar formalmente una causa penal contra Huerta por delitos contra el orden constitucional, incluyendo rebelión y conspiración.

Asimismo, el Poder Judicial ha ordenado el embargo de ocho de sus bienes —entre inmuebles y terrenos en Lima y Callao— por un valor de aproximadamente S/2.3 millones, como parte de las medidas cautelares para asegurar una posible reparación civil de más de S/67 millones.

En tanto, la Fiscalía requiere una condena de 25 años de prisión y una inhabilitación de 2,5 años para ocupar cargos públicos, en su calidad de supuesto coautor de la rebelión.