Pedro Castillo declara como testigo desde el penal Barbadillo por caso Qali Warma
El exmandatario fue interrogado por la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios debido a contratos adjudicados durante su gobierno. La investigación involucra a exfuncionarios del Midis y Digesa por presunta red de sobornos.
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Pedro Castillo, expresidente de la República, brindó sus declaraciones como testigo en el caso Qali Warma ante la Fiscalía. La diligencia se realizó desde el penal de Barbadillo, donde cumple prisión preventiva. Castillo fue interrogado por el fiscal Reynaldo Abia, a cargo del Noveno Despacho de la Fiscalía Supraprovicional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
El exmandatario fue citado en calidad de testigo porque los contratos investigados fueron adjudicados durante su gestión y continuaron vigentes en el actual Gobierno. La indagación fiscal apunta a una presunta organización criminal enquistada en el Estado que habría facilitado irregularidades en el programa alimentario escolar. El expresidente respondió preguntas sobre decisiones administrativas tomadas bajo su mandato.
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La toma de declaración forma parte de una etapa clave del proceso, en la que la Fiscalía busca recoger testimonios de altos exfuncionarios. El objetivo es establecer si hubo conocimiento o responsabilidad política en la cadena de mando. Aunque Castillo no es investigado directamente en este caso, su rol como jefe de Estado lo vincula a los hechos.
Según los fiscales del Noveno Despacho, la red investigada dentro del programa Qali Warma, hoy Wasi Mikuna, habría favorecido a proveedores a cambio de sobornos, afectando directamente la calidad y salubridad de los alimentos distribuidos. La tesis fiscal sostiene que esta red operó de forma sistemática, comprometiendo fondos públicos y vulnerando la salud de varios escolares en distintas provincias del país.
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Testimonio de Pedro Castillo busca esclarecer entorno de decisiones
La declaración de Pedro Castillo tiene como fin precisar el contexto político y administrativo en el que se firmaron los contratos observados. La Fiscalía busca determinar si el exjefe de Estado fue informado de las irregularidades o si hubo omisiones en los mecanismos de supervisión. Su testimonio podría influir en la situación de otros implicados.
Durante el interrogatorio, el fiscal Abia consultó sobre las rutas de aprobación, control y fiscalización en el programa Qali Warma. También se solicitó información sobre nombramientos de funcionarios en cargos clave. Castillo habría respondido dentro de los márgenes establecidos para su condición de testigo.
Esta diligencia forma parte de una secuencia de declaraciones que incluye a exfuncionarios del Midis, Digesa y otras entidades involucradas. Varios de ellos han solicitado acogerse a la figura de colaboración eficaz. La Fiscalía espera que estas versiones contribuyan a esclarecer la magnitud de la red y sus conexiones políticas.
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Fiscalía detuvo a 6 implicados y allanó 16 inmuebles relacionados al caso Qali Warma
El pasado 20 de junio, la Fiscalía ejecutó un operativo simultáneo en Lima, Trujillo, Cajamarca, Huaura, Chimbote y Loreto, deteniendo a seis personas presuntamente vinculadas a una organización criminal dedicada a actos de corrupción en el programa Qali Warma. Entre los detenidos se encuentra Michael Burga, hijo del fallecido exdirector de Frigoinca, Nilo Burga, quien aprobaba pagos de coimas a funcionarios públicos. El operativo también incluyó el allanamiento de 16 inmuebles, donde se incautaron documentos y dispositivos electrónicos clave para la investigación.
La organización criminal investigada está acusada de delitos como colusión, tráfico de influencias y cohecho activo y pasivo. Según la testigo Noemí Alvarado Llanos, quien trabajó directamente con los Burga, se entregaron a la Fiscalía chats de WhatsApp que registran órdenes de pago de sobornos a funcionarios para aprobar las conservas 'Don Simón' destinadas al consumo escolar en el marco del programa Qali Warma.
El fiscal Reynaldo Abia, a cargo de la investigación, explicó que la detención de ocho personas estaba prevista, pero solo se concretaron seis. El operativo forma parte de una investigación más amplia que busca esclarecer las irregularidades en la contratación de alimentos para escolares y la posible existencia de una red de corrupción dentro del programa.
