
Un grupo de fiscales titulares formado por José Domingo Pérez Gómez, Fany Del Rosario García Caro, Rocio Angélica Vences Gonzales, Yesenia Karla Miroslava Saldarriaga Lores De Bacon y Juan Ander Alvites Llanos,han presentado una denuncia penal contra Juan Carlos Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC), alegando que utilizó un reglamento disciplinario inválido para iniciar procesos y emitir sanciones.
Según los denunciantes, dicho reglamento nunca fue publicado conforme exige la ley, lo que pone en entredicho su validez jurídica. De acuerdo con la acusación, la omisión de publicar el reglamento vulneró principios constitucionales de legalidad y perjudicó gravemente los derechos de los fiscales sometidos a procesos disciplinarios.
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En la denuncia se incluyen los delitos de usurpación de funcionarios pública, abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y prevaricato (delitos contra la administración pública); y por los delitos de falsedad ideológica y falsedad genérica. Los fiscales sostienen que esta práctica perjudica "sus derechos de permanencia e inamovilidad en el cargo, previstos en el artículo III de la Ley de Carrera Fiscal, que es una garantía para investigar y acusar sin temor a las represalias".
La denuncia se basa en el uso de un Reglamento Disciplinario que sería inválido, ya que no habría sido publicado ni en el diario oficial El Peruano ni en la plataforma digital institucional del Estado (GOB.PE).
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una denuncia penal contra Juan Carlos Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio del fiscal José Domingo Pérez.
La acusación surge luego de que Pérez fuera suspendido por seis meses y posteriormente se le impidiera el ingreso a su oficina, que impidió el cumplimiento de su obligación de realizar la entrega formal de cargo, que incluye bienes asignados y expedientes en trámite. Según la denuncia, aunque la ANC tenía facultades para suspender a Pérez, no podía impedirle el acceso necesario para completar dicho procedimiento, una acción que solo corresponde a autoridades jerárquicas del Ministerio Público como la fiscal de la Nación, fiscales superiores o fiscales supremos.
El hecho se remonta al 7 de abril, cuando la ANC sancionó a Pérez por presuntas faltas administrativas vinculadas al caso 'Cócteles', tras su participación en una investigación donde se encontraba legalmente impedido. Un día después, el 8 de abril, se le prohibió ingresar a las oficinas del Equipo Especial Lava Jato, en una decisión considerada como una extralimitación de funciones por parte de Fernández Jerí. Para Espinoza, este acto no solo constituye abuso de autoridad, sino también una clara usurpación de competencias que compromete la legalidad y el respeto al debido proceso dentro del Ministerio Público.

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