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Política

Dina Boluarte vuelve a beneficiar a Wilfredo Oscorima: transfiere 49 millones de soles a obra que ya fue financiada

Pese a que la obra ya contaba con recursos desde 2023, el gobierno de Boluarte autorizó una nueva transferencia de S/ 49 millones al Gobierno Regional de Ayacucho, liderado por su 'wayki', Wilfredo Oscorima.

Dina Boluarte beneficia a Wilfredo Oscorima.
Dina Boluarte beneficia a Wilfredo Oscorima. Foto: composición LR

Dina Boluarte ha autorizado una nueva transferencia de S/ 49 millones al Gobierno Regional de Ayacucho mediante el Decreto Supremo N.º 070-2025-EF, publicado el 17 de abril de 2025. Los fondos están destinados a financiar cinco proyectos de infraestructura educativa vinculados a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, ejecutados por la gestión regional de Wilfredo Oscorima.

Los fondos transferidos están destinados a cinco proyectos específicos vinculados a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH). Estos incluyen el mejoramiento de los servicios académicos en las escuelas profesionales de ingeniería agroindustrial (S/ 9 millones), ingeniería agrícola, ingeniería en industrias alimentarias, ciencias de la educación y medicina humana (S/ 10 millones cada uno). Todas estas iniciativas buscan reforzar la infraestructura universitaria en la región de Ayacucho.

Lo llamativo es que esta no es la primera vez que dichos proyectos reciben recursos públicos. En julio de 2023, el Ejecutivo emitió el Decreto de Urgencia N.º 029-2023, que ya habilitaba a los gobiernos regionales, incluido Ayacucho, a ejecutar inversiones en educación superior mediante convenios con universidades públicas. Aunque ese decreto no detalla los códigos de inversión como sí lo hace el de 2025, establece la base legal y presupuestal para este mismo tipo de obras.

A esto se suman los cuestionamientos sobre la calidad de ejecución, pues según un informe de La República del 2024, la Contraloría General, determinó que hay deficiencias estructurales en al menos dos de las obras en la UNSCH, como fallas en columnas de concreto y uso de materiales inapropiados. Además, se han detectado retrasos y deficiencias administrativas en los contratos vinculados. Esta construcción fue posible gracias al Decreto de Urgencia N.° 029-2023, emitido por el gobierno de Dina Boluarte, que permitía a los gobiernos regionales usar una partida presupuestal ya asignada para obras en universidades.

Cabe recordar que Dina Boluarte fue denunciada constitucionalmente por presunto lavado de activos, debido a las joyas de lujo, incluidos relojes Rolex, que habría recibido del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Sin embargo, el Congreso, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, archivó la denuncia presentada por la Fiscalía, al considerar que los hechos no encajan dentro de los delitos por los que puede investigarse a un presidente en funciones, según el artículo 117 de la Constitución.

Dina Boluarte: denuncia constitucional por caso 'Rolex' fue archivada

Con diez votos a favor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final que recomienda archivar la denuncia constitucional presentada el 27 de mayo de 2024 por el ex fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra la presidenta Dina Boluarte por el caso ‘Rolex’.

El informe fue elaborado por la congresista Nilza Chacón, representante de Fuerza Popular, quien sustentó su posición en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú. Según explicó, los hechos imputados a la mandataria, vinculados al presunto delito de cohecho pasivo impropio, no están incluidos entre los supuestos por los que un presidente puede ser acusado mientras esté en funciones.

Sin embargo, no fue la primera vez que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) opta por proteger a la presidenta Dina Boluarte. El 18 de julio de 2024, bajo la presidencia de Lady Camones (Alianza para el Progreso), la SAC decidió no admitir a trámite la denuncia constitucional presentada por las muertes registradas durante las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023. En aquella oportunidad, 14 congresistas votaron en contra de procesar la denuncia, mientras que solo cuatro respaldaron su admisión.

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