
El Pleno del Congreso aprobó, en segunda votación, con 57 votos a favor, 25 en contra y 19 abstenciones restituir la firma del exdictador Alberto Fujimori en la Constitución Política de 1993. La carta magna fue escrita en la clandestinidad tras el golpe de Estado a la democracia por Fujimori, el 5 de abril de 1992.
La medida tuvo el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y Somos Perú. El proyecto de ley 9385/2024-CR busca "salvaguardar la memoria histórica del Perú"; sin embargo, la constitución fue redactada en medio de la dictadura de 1990 tras la toma de las instituciones del Fujimori.
Como se recuerda el 15 de diciembre del 2001 —tras la fuga de Alberto Fujimori a Japón debido al escándalo de los Vladivideos que expuso los actos de corrupción en la dictadura fujimorista — se aprobó la ley N°27600 que suprimía la firma y establecía un proceso de reforma constitucional, con la rúbrica del entonces presidente Alejandro Toledo y el titular del Congreso, Carlos Ferrero.
"Suprímase la firma de Alberto Fujimori Fujimori, del texto de la Constitución Política del Estado de 1993, sin perjuicio de mantener su vigencia, en aplicación de a Resolución Legislativa N° 009-2000-CR, que declaró su permanente incapacidad moral y, en consecuencia, la vacancia de la Presidencia de la República", indicaba el documento que suprimía la firma de Fujimori.
El exdictador Alberto Fujimori, quien murió el 11 de septiembre del 2024, fue sentenciado por dos crímenes cometidos durante su dictadura en la década de 1990. El 3 de noviembre de 1991, seis individuos armados entraron a una vivienda en el distrito de Barrios Altos, donde se celebraba una pollada. Los atacantes, pertenecientes al Grupo Colina, dispararon y mataron a todos los presentes, sumando un total de 15 víctimas, entre ellas un niño de apenas 8 años.
Unos meses después, el 18 de julio, estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán La Valle, conocida como 'La Cantuta', fueron secuestrados junto a su profesor y se les acusó de ser parte de grupos subversivos. Posteriormente, sus cuerpos fueron hallados en fosas comunes.
En consecuencia, el Estado admitió su responsabilidad, considerando estos actos como graves violaciones a los derechos humanos, con Alberto Fujimori como el principal responsable. En ese sentido, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo sentenció a 25 años de prisión efectiva.

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