
El último domingo 2 de marzo, el dominical Panorama sacó un informe que reveló que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, defendió a dos policías sentenciados por colaborar con la banda criminal "Los Pulpos", dedicada al cobro de cupos y extorsiones en Trujillo. De acuerdo con lo expresado en 'Epicentro.TV', los policías eran Miguel Marcelo Salirrosas 'El Diablo' y Eber Juárez Moya. Ambos fueron detenidos el 18 de agosto de 2016 en un megaoperativo realizado en Trujillo y Lima.
A pesar de que se les consideró culpables y recibieron una condena mayor a 22 años, el ministro Juan José Santiváñez, aceptó en una entrevista con 'Panorama' que fue abogado de los oficiales ante un recurso de habeas corpus que presentaron ante el Tribunal Constitucional (TC).
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Santiváñez precisó que aceptó patrocinarlos tras recibir un informe del abogado penalista Manuel Cancio Meliá, que cuestionaba la sentencia. Al respecto, el ministro dijo que no defiende delincuentes, sino a personas a las cuales considera inocentes, aunque hayan sido condenadas. "No eran culpables, solo eran condenados", fue la defensa de Santiváñez.
Asimismo, añadió durante la entrevista: "No me ratifico de lo que dije en la conferencia porque yo no defiendo a policías que considere culpables de pertenecer a una organización criminal. Yo nunca he defendido a delincuentes. Para defender a estas personas en el Tribunal Constitucional es porque estos señores están injustamente en la cárcel".
Cabe indicar que en una conferencia de prensa previa, el ministro Santiváñez negó haber defendido a policías vinculados a organizaciones criminales. Sin embargo, los documentos oficiales del TC indican lo contrario. En noviembre de 2023, el hoy titular del Mininter presentó el habeas corpus a favor de estos exagentes, con el fin de revertir sus condenas.
Una segunda acusación fue revelada por el programa 'Cuarto Poder' y divulgada por 'Epicentro.TV'. Dos testigos protegidos declararon ante la Fiscalía que Santiváñez, antes de asumir su cargo como ministro del Interior, cobró sobornos para manipular procesos judiciales en favor de sus clientes.
De acuerdo con los testimonios, Santiváñez habría exigido 60.000 dólares para influir en jueces a través de la magistrada Emma Benavides, hermana de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Además, habría cobrado 74.000 soles al general de la PNP Héctor Javier Petit Amesquita para evitar medidas judiciales en su contra por compras irregulares durante pandemia.

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