
Gustavo Gorriti le respondió a la presidenta Dina Boluarte, quien durante una actividad oficial tras el allanamiento a la vivienda del ministro Juan José Santiváñez, atacó al periodista en su intento por defender y blindar al titular del Interior. En su discurso, Boluarte cuestionó por qué no se realizaron las mismas diligencias en las oficinas de IDL-Reporteros en 2018.
En ese sentido, el periodista, a través de una carta titulada 'La ignorancia es atrevida', le recalcó a la jefa de Estado que, para llevar a cabo una diligencia fiscal, se debe contar con una orden judicial. "¡Un fiscal no decide un allanamiento! ¡Lo decide un juez! Y lo hace solo después de examinar el caso que presenta la fiscalía para su aprobación o rechazo", enfatizó
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En la misma carta, Gustavo Gorriti le recordó a Dina Boluarte sobre la operación quirúrgica a la que fue sometida en 2023 y por lo que la Fiscalía la investiga por presunto abandono del cargo y omisión de funciones. En ese sentido, Gorriti le resaltó a la mandataria que deje de mentir porque podría llevarla a la ruina moral.
"Presidenta Dina Boluarte, busque otros argumentos, si los encuentra. Porque las mentiras y las distorsiones groseras revientan en la cara y luego no hay cirujano plástico que arregle el rostro de la ruina moral", recomendó Gustavo Gorriti.
Por otro lado, Gustavo Gorriti aclaró sobre el allanamiento que se realizó en las oficinas de IDL en julio del 2018 tras explotar el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, en los que distintos audios —a los que pudo acceder el grupo de periodistas liderado por Gorriti— revelaban la negociación de favores a cambio de sentencias judiciales favorables.
En ese sentido, Gorriti contó que la Fiscalía decidió allanar las oficinas del periodista en las que tenían los audios que se iban publicando tras una larga investigación y recolección de datos. Sin embargo, los fiscales no contaban con orden judicial, por lo cual tuvo que intervenir el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para detener las diligencias.
"Los corruptos se angustiaron y buscaron conseguir y secuestrar ese material a como diera lugar. El Congreso controlado por el fujimorismo nos conminó a entregar los audios. El fiscal supremo de control interno, Rodríguez Monteza, los exigió, amenazante, también. (...) Su objetivo era llevarse los audios. ¿Para qué? Para que no se continuaran difundiendo y abortar las revelaciones y la investigación", contó Gustavo Gorriti.
"¿Tenía Rurush una orden judicial de allanamiento? ¡No! Una diligencia ilegal que iba a derivar en un escándalo mayúsculo. Y el entonces FN, Pablo Sánchez, a quien comuniqué lo que estaba pasando, intervino como tenía que intervenir", agregó.

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