El periodista y conductor del programa 'Del Hecho al Dicho', Jaime Chincha, expresó su preocupación respecto a una posible nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), propuesta que está siendo evaluada por el Congreso de la República. Según Chincha, el REINFO constituye una de las causas estructurales de los principales problemas que enfrenta la sociedad peruana al ser un sustento legal para la proliferación de la minería ilegal.
"Estamos preocupados porque la mayoría de la gente no sabe qué es el REINFO. Es la madre del cordero, la raíz de todas las desgracias que vivimos actualmente. Gracias a este maldito REINFO, ocurren todas nuestras tragedias. La minería ilegal se ampara en ello", señaló el periodista.
Chincha criticó al Parlamento por considerar que estaría aprobando la ampliación del REINFO sin evaluar debidamente las implicancias de esta medida. Asimismo, recordó los diversos delitos asociados a la minería ilegal.
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"La peor parte es que lo aprueban sin saber lo que están haciendo. No solo porque lo desconocen, sino porque el REINFO permite que los mineros sigan siendo ilegales. De la minería ilegal se derivan un rosario de delitos: extorsión, sicariato, trata de personas, prostitución, trabajo infantil y otros más", afirmó.
En su intervención, Chincha enfatizó que los principales perjudicados por los delitos relacionados con la minería ilegal son los pequeños empresarios. Además, destacó las movilizaciones en distintas regiones del país que protestan contra las problemáticas sociales vinculadas a esta actividad, haciendo énfasis en La Libertad, región gobernada por César Acuña.
"Son esos delitos los que afectan a comerciantes, bodegueros y microempresarios. Hay un movimiento evidente: marchas en Arequipa, Nazca, Ayacucho y La Libertad. (...) Claro, La Libertad, la región de Cesar Acuña, donde se encuentra Pataz, uno de los centros neurálgicos de la minería ilegal", concluyó.
El conflicto por la minería informal en Perú se intensifica ante la proximidad del vencimiento del plazo para el REINFO, fijado para el 31 de diciembre. Mientras el Ejecutivo propone una ley que regule la pequeña minería y la minería artesanal, el Congreso debate una posible ampliación del registro por un periodo inicial de 12 meses. Sin embargo, las críticas han sido contundentes: expertos como el exviceministro José De Echave señalan que la baja legitimidad de las instituciones, con una aprobación del 3%, dificulta cualquier intento de solución.
En paralelo, bloqueos de carreteras en regiones como Ayacucho, Arequipa y Huancavelica agravan la situación, aunque en algunos casos se han concedido treguas para permitir el tránsito, según informó la Defensoría del Pueblo.
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Las protestas lideradas por mineros informales reflejan su creciente capacidad de presión y exigen respuestas inmediatas. Porfirio Barrenechea, representante de la Defensoría, hizo un llamado a los manifestantes para que respeten derechos fundamentales, como el libre tránsito, especialmente para los grupos vulnerables.
Mientras tanto, el Congreso enfrenta críticas internas por su manejo del tema, incluyendo una moción de censura contra el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. Esta medida ha sido señalada como un intento estratégico para viabilizar la ampliación del REINFO. Según De Echave, la falta de coordinación y la fragmentación en la gestión estatal podrían agudizar el conflicto, en un contexto marcado por la desconfianza hacia las instituciones púContinúan
En el sur del Perú, el paro de mineros artesanales alcanza su sexto día, ocasionando bloqueos que afectan las principales carreteras de Arequipa, Cusco e Ica, así como de La Libertad en el norte. Los manifestantes demandan la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un mecanismo esencial para operar de manera legal. Esta protesta ha tenido un impacto significativo en la economía local, provocando interrupciones en el transporte y un incremento en los precios de los pasajes.
La situación es grave, ya que los bloqueos perjudican no solo a los mineros, sino también a los ciudadanos que dependen de estas vías para el comercio y la movilidad. Aunque las autoridades han intentado dialogar con los representantes de los manifestantes, aún no se ha logrado llegar a un acuerdo que permita resolver el conflicto y cesar las medidas de fuerza.