Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y otros implicados en el caso Los Waykis en la sombra están siendo investigados por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho en la designación de prefectos, subprefectos y la presidencia del IPD con fines proselitistas. Durante la audiencia del martes 19 de noviembre, se confirmó la ausencia de Nicanor, luego de que uno de sus abogados revelara en una entrevista que "no sabía su paradero".
La Fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva contra el hermano de la presidenta, Dina Boluarte, quien se encuentra en presunta clandestinidad luego de que el juez Richard Concepción Carhuancho no avaló su arraigo domiciliario ni laboral.
En ese contexto, es que Concepción lo acusó de un posible peligro de fuga, alegando que si bien no cuenta con movimientos migratorios desde 2018, su parentesco cercano con Dina Boluarte facilita que pueda salir del país como prófugo de la justicia.
Tras la ausencia de Nicanor Boluarte en la audiencia de pedido de prisión preventiva, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana indicó que los agentes de la PNP deben intervenir al pariente de la presidenta, si s que pasa a estar prófugo.
“La posición de APP seguirá siendo la misma. Aquel funcionario que comete un delito, tiene que ser sometido a las investigaciones del Ministerio Público y el Poder Judicial (…) En este caso el hermano de la presidenta está en una implicación de tipo penal (…) Si se fuga, la policía tiene que encargarse de capturarlo”, indicó.
El Poder Judicial dispuso prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, en el marco del caso "Los Waykis en la Sombra". El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, fundamentó su decisión en la falta de arraigo domiciliario y laboral acreditado por el investigado, además de su supuesta vinculación con una organización criminal.
Según la resolución, estas circunstancias representarían un riesgo para el normal desarrollo de las investigaciones fiscales, así como la posibilidad de que Boluarte eluda la acción de la justicia. En ese sentido, el magistrado ordenó a la Policía Nacional ejecutar su búsqueda, ubicación y captura, con el objetivo de trasladarlo a un centro penitenciario donde deberá cumplir la medida impuesta.