Al menos nueve detenidos solo en Lima por protestas durante foro APEC

Al menos nueve ciudadanos detenidos y otros 14 intervenidos por las fuerzas del orden hubo solo en Lima en las protestas durante los encuentros del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), según el registro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Al cierre de esta nota, fue liberado el último que permanecía en detención y enfrentó pedido de prisión preventiva.

El fiscal José Quispe Suárez, de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria-San Luis, había pedido nueve meses de prisión preventiva para Tedy Inuma Pérez, pese a que testimonios lo exculpaban de acto delictivo o hecho de violencia.

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“No hay ni una sola prueba de que él haya herido a alguien o haya roto algo. Los policías que lo detuvieron declararon que fueron heridos por otros manifestantes que trataban de rescatarle”, comentó la abogada Mar Pérez, de la CNDDHH.

Alegó que hay fotos en los que se nota que se le intentó “sembrar” un teléfono celular en su mochila.

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Mismas prácticas

Además, advirtió que se han  reportado varios hechos preocupantes sobre la actuación de policías, que pusieron en grave riesgo a los ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta.

“Ha sido muy grave que nuevamente se han utilizado armas menos letales como los gases lacrimógenos de manera antirreglamentaria. Le han disparado directamente a la cabeza a un adulto mayor. Ese fue el modus operandi con la que causó la muerte a Víctor Santistevan en las pasadas manifestaciones. Al parecer no ha cambiado nada en el país”, sostuvo la abogada.

Adujo que “parece que se han cuidado más porque no les convenía tener un muerto con tanta presencia internacional”, pero que las malas prácticas de las fuerzas del orden identificadas en pasadas manifestaciones “siguen siendo las mismas”, como disparar bombas de gases al cuerpo, detener a ciudadanos que protestan pacíficamente e impedir la labor de la prensa.

“Otra vez se vieron detenciones por personas de civil. Pueden ser del grupo Terna, pero queda duda si son del Ejército, pues el Gobierno anunció despliegue de 5.600 militares o civiles, pues en Pichanaki el año pasado la Policía contrató a civiles para reprimir”, aseveró Pérez.

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“Las detenciones por personas sin identificación o en un vehículo sin placas, como se ha visto, incumplen los estándares internacionales y configuran situación de alto riesgo de que se lleven a cabo torturas o desapariciones forzadas”, agregó.

Pérez comentó que están entregando un reporte de los hechos irregulares a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

En sus registros, cuenta 23 víctimas de retenciones policiales en Lima, de los cuales nueve llegaron a estar en detención. Además, mencionó que en Arequipa hubo seis heridos. “Es posible que en próximos días aparezca información nueva”, dice.

Evalúan más protestas

El dirigente del Comité de Transportistas del Perú, Julio Campos, comentó que están considerando acordar nuevas protestas. “Estamos en una evaluación de qué hacer, las nuevas jornadas, y primero tenemos que ver que no quede ningún detenido”, comentó.

Coincidió en que hubo abusos de la Policía como detenciones arbitrarias de personas adultas mayores, como Donata Carbajal, de 65 años, ciudadana que vino a la capital desde Juliaca, Puno, con una delegación para sumarse a la movilización.

“Es un abuso de la autoridad. Ella simplemente tenía en su espalda su lliqlla (manta) y recién ayer (el sábado 16) la han soltado a eso de las nueve o diez de la noche”, contó el dirigente.

Para los próximos días, los gremios alistan una conferencia para reportar un balance sobre estas protestas.

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Fiscalía de DDHH debe investigar

Las fiscalías especializadas en derechos humanos deben investigar los casos de abusos de las fuerzas del orden registrados por diversos ciudadanos en las manifestaciones.

En algunos casos, ya se abrieron expedientes, pero está por verse si la Policía colaborará con las investigaciones o buscará obstruirlas.

Las últimas acciones del Gobierno apuntan a darle más poder a la Policía ante casos que afecten derechos humanos, situación que ha generado preocupación en diversas entidades.