Rosío Torres: Fiscalía solicitó al PJ levantar el secreto de las comunicaciones por presunto recorte salarial a trabajadores

La Fiscalía de la Nación solicitó al Poder Judicial, encabezado por el juez supremo Juan Carlos Checkley, autorizar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la legisladora Rosío Torres y de Nathalie Flor Rubio Yllatopa, también implicada en la investigación por el presunto recorte de salarios a trabajadores de su despacho. El pedido fue presentado el 15 de octubre por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía, encargada de la investigación. En este contexto, la Fiscalía requiere la intervención de las comunicaciones históricas de ambas personas, correspondientes al periodo comprendido entre el 2 y el 10 de abril de 2022.

Por su parte, Rosío Torres presentó un escrito el 24 de octubre en el que expresa su desacuerdo con la solicitud del Ministerio Público. En cambio, Nathalie Rubio presentó otro documento el 22 de octubre, en el que manifiesta su conformidad con el requerimiento.

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En ese marco, el juez Juan Checkley programó para el martes 17 de diciembre a las 10 de la mañana una audiencia virtual privada para analizar la solicitud, en la que participarán las partes implicadas, con el objetivo de tomar una decisión sobre el asunto.

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Como se recuerda, el 1 de marzo se presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la legisladora Rosío Torres Salinas, por el presunto delito de concusión relacionado con cobros indebidos a personal de su despacho congresal. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró procedente la denuncia con 11 votos a favor.

Cabe resaltar que el año pasado, cuando salió a la luz el caso de presunto recorte de sueldo de Torres, el líder de APP, César Acuña, dijo que la congresista iba a ser separada del partido, pero hasta la fecha no ha sido así.

¿Qué se sabe sobre la denuncia contra la congresista Rosío Torres y el caso 'mochasueldos'?

De acuerdo con la denuncia del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, la congresista Torres habría coaccionado a sus empleados para que entregaran parte de sus sueldos, con las transferencias sumando montos significativos. Se cree que el dinero habría terminado en manos de Torres a través de su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra.

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La denuncia se habría intensificado con la difusión de videos que mostrarían a Torres intentando borrar conversaciones comprometedoras de su celular. Esto habría coincidido con las dos denuncias constitucionales presentadas por la Fiscalía en el marco del caso 'mochasueldos'.

Testimonios de empleados del despacho de Torres y de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales habrían señalado que fueron forzados a contribuir económicamente. Un testimonio relevante sería el de Cecilia Salazar, quien habría transferido más de 24,500 soles a la cuenta del sobrino de Torres en un periodo de siete meses.

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