Trece congresistas se han sumado a la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, impulsada por la congresista Susel Paredes del Bloque Democrático Popular. Entre los firmantes están miembros de su bancada, como Edgard Reymundo, Sigrid Bazán, Ruth Luque e Isabel Cortez, además de Hamlet Echeverría, Víctor Cutipa y Guillermo Bermejo (Juntos Por el Perú-Voces del Pueblo), Jaime Quito, Alfredo Pariona y Silvana Robles (Bancada Socialista), Carlos Zeballos (Podemos Perú) y Margot Palacios (no agrupada). Para ser presentada formalmente, la moción necesita al menos 26 firmas, equivalente al 20% del número legal de congresistas.
En ese contexto, si se alcanza esa cantidad, se notificará la moción al Pleno y se evaluará si es aceptada para su discusión. Para que esto suceda, se requiere el voto a favor de al menos el 40% de los congresistas hábiles, es decir, aproximadamente unos 53.
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"Se ha ido acumulando una serie de razones, como un rosario de motivos, que indican que la señora Boluarte no estaría capacitada para ejercer el cargo de presidenta.", fueron las declaraciones de la congresista Susel Paredes durante una entrevista en Canal N el 9 de noviembre.
"Todos los casos en conjunto nos señalan que existe una manera de conducirse de la señora Dina Boluarte que no nos dice la verdad. La señora realiza actos de manera irresponsable, entonces no puede gobernar el país (...). Ya tengo 13 firmas.", añadió.
La moción de vacancia impulsada por Susel Paredes resalta el caso "Rolexgate," en el que se cuestiona la posible adquisición ilícita de relojes de lujo por parte de la presidenta Boluarte. Además, se acusa al Gobierno de graves violaciones de derechos humanos durante protestas, y se menciona el caso "Cofre," sugiriendo que el Ejecutivo podría estar ayudando al prófugo Vladimir Cerrón. También se señala la incapacidad del Gobierno para abordar la inseguridad ciudadana. La moción ha sido enviada a cada congresista y a los voceros de las bancadas.
La moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte señala su responsabilidad en violaciones graves a los derechos humanos, destacando un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que indica el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, causando más de 60 muertes y cientos de heridos en las protestas desde diciembre de 2022. También se cuestionan las acciones represivas contra movilizaciones pacíficas. En el ámbito económico, se critica la "incapacidad" del gobierno para manejar la crisis, con un déficit fiscal del 4% y un aumento en la pobreza monetaria, afectando especialmente a regiones como Cajamarca y Puno. Además, se señala el incremento de la inseguridad en zonas urbanas, con un récord de homicidios en 2024, lo que ha generado protestas y paros exigiendo mayor seguridad.